lunes, 21 de mayo de 2018

[521] LA FUNCIÓN PÚBLICA. EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Hay textos en la Red por los que por su brillantez y clarividencia parece que no debieran tener fecha de publicación porque sus asertos se extienden tan obviamente en el tiempo que nunca debieran ser tildados de desfasados. Este es el caso de la conferencia que el 20 de enero de 2011 pronunció el arquitecto Salvador Moreno Peralta para inaugurar un curso formativo sobre la figura del arquitecto municipal y su labor en la actividad urbanística de la administración local. 
"Si uno entra en Internet tecleando el término ‘arquitecto municipal’ podrá comprobar que casi el 90% de los casos son referencias a actividades delictivas de estos profesionales aparecidas en la prensa estos últimos años. No es, ni mucho menos, el único caso en el que este archivo de la memoria planetaria que es Internet te sitúa ante un panorama desolador o, cuando menos, distorsionado. Hoy es imprescindible acudir a la Red en demanda de información, pero ésta, por sí sola, no nos proporciona el conocimiento, si no es a través de ese filtro intelectual que es el criterio, discernimiento racional para conocer la verdad, que es una pauta de conducta cada vez más escasa, pues una de las mayores paradojas de la Historia se está dando precisamente en nuestros días: el ciudadano, abrumado por no poder procesar personalmente toda la información a su alcance, se entrega a las cómodas certidumbres del tópico o, sencillamente, deja que piensen por él las grandes instancias político mediáticas. Nunca tanta información generó más ignorantes y nunca el tópico nos instó con más razones a que apartáramos de nosotros la funesta manía de pensar. Así pues, si en el catecismo del Google aparecen con el soniquete de las fechorías de los arquitectos municipales, es que los arquitectos municipales son unos facinerosos, punto, y pretender defender su figura será poco menos que una herejía, pero ser hereje, ahora y siempre, ha sido una de las pocas cosas decentes que se ha podido ser en la Historia, así que vamos a ello aunque acabe uno abrasado en la hoguera de la corrección política.
Aún cuando no tengan la acendrada tradición de algunos cuerpos nacionales, como, por ejemplo, los Secretarios o los Interventores de los Ayuntamientos, la figura del Arquitecto Municipal como funcionario público tiene ya una bien ganada historia. Ingenieros civiles y militares, maestros de obras y arquitectos municipales están detrás de las grandes obras públicas de la Ilustración. Todas las grandes capitales de España pueden exhibir la obra de unos arquitectos municipales que dejaron su impronta en la construcción de la ciudad moderna de una manera tan indeleble en su fisonomía como discreta en la proyección pública de sus autores. Por ceñirnos a nuestra ciudad baste recordar que su centro histórico decimonónico -esa parte de ella de la que nos sentimos más orgullosos- es la obra de los arquitectos municipales Cirilo Salinas, Juan Nepomuceno Ávila, Joaquín de Rucoba o Gerónimo Cuervo, entre otros. Y ya en el siglo XX, Daniel Rubio o José González Edo, los cuales, con más importancia aún que sus obras arquitectónicas, nos dejaron unos primeros planes de ordenación urbana que, a pesar de lo poco que de ellos se realizó, encauzaron el desarrollo de una Málaga actual de cuyas trazas aún somos tributarios. Pero diciendo esto, y sin quererlo, estamos deslizándonos hacia un aspecto muy parcial de la figura del Arquitecto Municipal, esto es, el de las grandes capitales de más de 50.000 habitantes, integrados en unas entidades corporativas de gran envergadura, con frecuencia hipertrofiadas, como son los grandes Ayuntamientos con su estructura de Servicios Técnicos o sus Gerencias Municipales de Urbanismo. De los 8.112 municipios de España sólo 8.017, es decir, casi un 99%, tenían censada una población menor de 50.000 habitantes. En muchos de esos ayuntamientos no hay arquitecto municipal, sino que pertenecen a consorcios y mancomunidades y, en los que hay, como describe no sin ironía Rafael González Millán, vocal-secretario de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos de la Administración Pública, el pobre arquitecto puede en un mismo día informar de la existencia de una vía pecuaria en un plan parcial, recibir a un ciudadano al que su vecino le ha abierto una ventana hacia su patio, informar de un expediente de ruina y reunirse con el sr. Alcalde y con una empresa multinacional que va a invertir en el municipio más de 24 millones de euros. (ver entrada). En estos municipios el arquitecto municipal no tiene escapatoria: sus obligaciones le persiguen con la inmediatez de los problemas esperándole a la puerta de sus despachos, saltando de un tema a otro con la obligación de saber mucho de todo -del Código Técnico para las obras que tenga que realizar o supervisar, de construcción para los expedientes de ruina, de infraestructuras para un problema de saneamiento, de legislación urbanística para aplicar Leyes imposibles perpetradas desde oficinas autonómicas desconectadas de la realidad, de todo tipo de leyes sectoriales, del Código Civil y del Penal, velando por una disciplina urbanística en territorios de cientos de hectáreas para cuya supervisión y control sólo se dispone de una pareja de guardias municipales…- y todo ello con la espada de Damocles de un SEPRONA y unos medios de comunicación inmisericordes con cualquier irregularidad urbanística que alimenta el tópico de la corrupción municipal ligada a la ya tradicional insuficiencia de la financiación pública de las haciendas locales.
No tiene ningún sentido que hablemos aquí de la práctica espuria del Arquitecto Municipal como funcionario público. Negar esa práctica sería tan absurdo como negarla en el sector privado o en cualquiera otra profesión, y el mundo en el que vivimos no es precisamente un mundo ideal. Las actitudes antideontológicas son conocidas de todos y los escándalos urbanísticos, en los que tantas veces se han visto envueltos arquitectos ligados a la Administración han saltado a la luz pública, con buenas dosis de hipocresía, mucho tiempo después de que el sistema los haya tolerado como condición misma para su propio funcionamiento. 
Cuando mi amigo Paco Carreras me propuso dar la conferencia inaugural de este curso justificó el encargo en razón de mi supuesta experiencia profesional a ambos lados de la mesa, desde el Ayuntamiento, como arquitecto y primer Gerente Municipal de Urbanismo, y desde el ejercicio libre de la profesión, es decir, por un lado como representante y ejecutor de la función pública y, por otro, como socarrona y entrecomilladamente me escribía, “sufridor” de ella. Que a nadie le quepa duda de que este calificativo de “sufridor” no entrañaba nada despectivo ni crítico, sino una manera simpática y coloquial de describir el papel supervisor que desde la instancia pública se ha de tener sobre los actos de los ciudadanos, tutelando como un gendarme la observancia de las leyes. Pero define bien la situación incómoda en la que se encuentra un arquitecto municipal. Ya sé que, sobre todo en épocas de crisis, tenemos la tendencia a no ver en el arquitecto funcionario público más que a un profesional que, a cambio de renunciar al sobresaltado, pero excitante, ejercicio libre de la profesión, se refugia en la comodidad de un sueldo fijo con los derechos acumulativos de sus años de ejercicio. Pero pocos piensan en las motivaciones altruistas de esa opción, en las responsabilidades que conlleva y en la preparación profesional exigida para el desempeño de sus funciones. Estoy seguro de que entre muchos de estos profesionales habrá cundido a menudo el desánimo: no se encuentran suficientemente respaldados por los colegios profesionales que, más allá de su crisis actual, han tenido siempre una tendencia a representar más a los colegiados en el ejercicio libre y, por otra parte, se han visto muy a menudo, en tanto que “fedatarios prudentes de la Ley”, como los verdaderos ‘malos’ de la película, una especie molesta en la aplicación de la legislación vigente, molestos de cara a sus alcaldes y molestos de cara a los ciudadanos y, sobre todo, de sus colegas, que les ven con una injustificada displicencia como si la práctica privada de la profesión confiriera una cierta primacía con respecto al tópico de quien, por “no estar en la calle”, no alcanza a tener un conocimiento cabal de lo que entraña la verdadera experiencia profesional.
No es fácil deshacer ese tópico. Pero lo cierto es que el arquitecto municipal afronta una enorme responsabilidad cuando, en el ejercicio de sus funciones -que en la mayoría de los casos es de supervisión de expedientes urbanísticos previa a la concesión de licencias- se convierte en una especie de fiscal o juez instructor que eleva sus conclusiones al órgano de gobierno encargado de expedirlas. Hoy día asistimos a una profusión verdaderamente asfixiante de reglas, leyes y normas de incidencia territorial con que la administración pretende ejercer una función tutelar del urbanismo que apenas disimula su verdadera intención de consolidar los corralitos competenciales en los que el poder se diezma en su propia esterilidad. Hoy en una licencia de edificación, por ejemplo, no es raro que coincidan las competencias de Urbanismo, Medio Ambiente, Cultura y Turismo con toda su retahíla de preceptos sectoriales con frecuencia contradictorios entre sí. Existe un urbanismo real y un urbanismo de papel y, aunque parafraseando a un personaje de Hamlet, hay más cosas en el cielo y en la tierra de la realidad urbana de las que caben en el corsé de una norma, a la práctica del Arquitecto Municipal no se la admite siquiera la existencia de una especie de derecho consuetudinario, es decir, tener un juicio avalado por la razón y la lógica interpretativa de esa misma norma, porque el ejercicio ruin y mostrenco de la política ha dado lugar a que se judicialice ésta hasta unos extremos en los que no es posible tener un criterio mínimamente imaginativo en la aplicación de la normativa, salvo riesgo de caer en la ilegalidad y el anatema. De ahí los resultados que aludíamos de Internet. Con mucha frecuencia la Norma entrará en contradicción con la Razón, pero será la Norma la que impere por más que la aplicación rigurosa de ésta perjudique flagrantemente al ciudadano. No hay salida para el criterio prudente ni misericordia para quien lo aplique, pues ningún fiscal ni ningún juez está dispuesto a que una argumentación razonable le perturbe el cómodo tópico de la financiación ilegal de los municipios vía corrupción urbanística, como decía hace un momento, y en esa práctica los alcaldes no encuentran mejores compañeros de viaje que sus arquitectos. 
Con todo esto quiero decir que me parece que no corren buenos tiempos para los Arquitectos Municipales, que están siendo víctimas, junto con otros cuerpos de la Función Pública, del irrefrenable proceso de burocratización del Estado. Digo víctimas, y no causantes, que es lo primero que se nos podía ocurrir a cualquier ciudadano que ha tenido que habérselas con un arquitecto municipal. No sé muy bien cómo les afecta el Decreto de nuestra Comunidad Autónoma sobre la reestructuración de la Función Pública con esa filosofía de ‘empresarización’ por la que gradualmente irían transfiriéndose sus menesteres a unas Agencias Públicas de las que nadie parece fiarse. Aún peor, en algunos Ayuntamientos importantes, como el de Madrid o corporaciones profesionales como su propio Colegio de Arquitectos, se está cuestionando la procedencia del informe técnico que históricamente se había vinculado al arquitecto municipal y que ahora podría estar suscrito u “orientado”, por ejemplo, por una Entidad Privada Certificante o por el propio Colegio de Arquitectos. Subyace en todo esto una falacia de fondo: la aceptación, como algo ineluctable, de la ineficacia de la Función Pública frente a la intrínseca eficacia de la función privada: el desprestigio intrínseco de lo público frente a la natural capacidad de lo privado. Es la crónica recurrente de una claudicación, de una claudicación de la política, incapaz de hacer frente a una forma perversa de entender el funcionariado, como un estamento privilegiado y parasitario, que debería ser drásticamente desmentida por quienes más deberían defender su condición de servicio público, esto es, los propios funcionarios y los sindicatos. Pero esto es algo de lo que no es correcto hablar. Es la claudicación de los Ayuntamientos que, no fiándose de sus servicios técnicos, externalizan sus funciones hacia otros organismos, en aras de la eficacia ‘empresarial’, creando nuevos monstruos como, por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo de Málaga, incapaz de resistir la menor auditoría de gestión, por ejemplo, ni de admitir siquiera que se hable de ella.
Pero no mezclemos precipitadamente unos arquitectos con otros. Una cosa es ser arquitecto de un pueblo y otra formar parte del nutrido equipo técnico de una gran Corporación, como el Ayuntamiento de Málaga. Como decía Paco Carreras, yo he estado en los dos lados de la mesa y, desde esa circunstancia sólo me atrevo a objetivar, en la medida de mis capacidades, lo que ha sido una experiencia personal. Y la mejor manera de hacerlo es poniéndoles algunos ejemplos. 
El primero, un ayuntamiento de un pueblo de la Costa del Sol. Tuve ocasión de tramitar un Proyecto Básico precedido de un Estudio de Detalle, que suele ser esa figura estúpida y redundante con la que le sacamos el dinero a los clientes -si es que lo pagan- para poder legitimar, mediante una breve información pública, el criterio que desde la instancia administrativa no se quiere o no se sabe tener sobre una alineación o una ordenación de volúmenes. A los dos meses de presentados simultáneamente ambos expedientes me di una vuelta por el Ayuntamiento a ver si los habían subido del registro de entrada a la Oficina Técnica. Para mi sorpresa, la información pública del Estudio de Detalle había concluido y el Proyecto tenía ya licencia, mostrándose muy sorprendido el arquitecto municipal de que no hubiéramos ido a pagar los derechos de la misma. El sorprendido, evidentemente, era yo, y cuando elogié a mi compañero su diligencia me respondió con una lógica aplastante: él era el único arquitecto del municipio y sólo tenía la compañía de un aparejador, por consiguiente no podía permitirse el lujo de “trasladarle el muerto” a otro porque, aparte de que no existía ese otro, si hubiera hecho lo contrario los expedientes se le acumularían en la mesa. La eficacia, por tanto, se debía a que era un municipio de menos de 50.000 habitantes y nuestro compañero estaba solo, pero eso no le evitaba que el informe de concesión de licencia fuera de una extraordinaria pulcritud técnica y jurídica.
El otro caso es el Ayuntamiento de Málaga. Al principio de su andadura, la Gerencia Municipal de Urbanismo tenía poco menos de 100 funcionarios, aunque la actividad urbanística fuera muy superior a la actual (hoy creo que tiene más de 400). El Consejo de Gerencia estaba constituido por cuatro personas -tres de ellas concejales, incluyendo el de Urbanismo- más el Delegado de Obras Públicas. El Gerente y los Jefes de Servicio acudían con voz pero sin voto. Excuso decir que la asistencia al Consejo era gratis et amore y los informes de licencia eran breves, sucintos, fundamentados urbanísticamente y en derecho, bajo la estricta vigilancia del secretario Rafael Íñiguez. Cuando abandoné la Gerencia, y en aras de la sacrosanta participación pública, el Consejo de Gerencia se abrió a las Asociaciones de Vecinos, Asociación de Promotores, no recuerdo si también a las peñas cofradías y sociedades de excursionistas, pero, desde luego, se incrementó con uno o dos concejales por partido político, convirtiendo aquel ágil y exiguo órgano en un microcosmos de la ciudad y en una transposición del Pleno. Por supuesto no faltaba nadie porque daban dietas. Los informes urbanísticos de los arquitectos y demás técnicos municipales seguían teniendo el mismo rigor que antes, con esas dosis de ilusión y criterio de quienes sabían que estaban inaugurando una suerte de jurisprudencia en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, que se había aprobado en el 1983. El problema es que, sin dudar de la honestidad de los concejales y demás representantes de la sociedad civil, resultaba inevitable que en algunos casos su presencia fuera el tentáculo terminal del interés privado de algún conocido o, simplemente, un escenario periférico, una especie de sucursal de la Casona del Parque en la que volver a reproducir los rifirrafes del pleno: un órgano de debate en vez de un órgano resolutivo como correspondería a todo consejo de administración de un organismo cuyo objetivo fundacional, sarcásticamente, era “conferirle agilidad empresarial a la práctica del urbanismo”. Lo cierto es que esos impecables informes eran con frecuencia contestados por algún político sin la menor competencia técnica para hacerlo y, algunos puntos del orden del día más adelante, otro político le devolvía la pelota cargándose el informe referente a otro asunto. La consecuencia fue que el funcionario arquitecto, hasta ese momento motivado por la solvencia de sus propios razonamientos y amparado por el aval del Gerente, decidió que a partir de ese momento sus informes se harían con estricta sujeción a la letra impresa, y cuanto más pequeña mejor, con lo cual, esa amplia, dinámica y rica jurisprudencia que se iba creando poco a poco, enriqueciendo la normativa con el criterio consuetudinario se cerró de repente, y a partir de ese momento, los expedientes empezaron a retrasarse y a prohibirse de manera que cada prohibición encontraba su precedente en la existencia de otra anterior. En vez de abrir creativamente la gestión de lo público se iba cerrando en unos laberintos sin salida. 
He aquí, pues, dos casos radicalmente distintos de actuación de un arquitecto municipal que dependen de circunstancias ajenas a su propia formación, como es la escala y la estructura de la corporación a la que sirven. Pero en ambos ejemplos creo que queda de manifiesto el tipo de presión bajo la cual el arquitecto municipal ejerce sus funciones. En el primer caso estamos ante el arquitecto presionado por la multiplicidad y diversidad de sus cometidos que le obliga, además, a estar alerta ante cualquier error por la judicialización que hoy afecta a la esfera política municipal. En el segundo caso podemos estar ante un arquitecto al que la agobiante fiscalización de su quehacer le lleve a refugiarse en la letra pequeña de la normativa, digamos, “en legítima defensa”, anulando en él cualquier estímulo de estar ejerciendo lo que podríamos llamar una pedagogía ciudadana de “fedatario prudente de la Ley”, como decía al principio, de forma que el ejercicio de su función pública queda reducido al descomprometido papel del burócrata. Ése es el momento en el que se produce instintivamente un mecanismo de defensa que podríamos llamar el “síndrome del funcionario redentorista”, que conozco bien por haberlo experimentado en mis propia actividad de Gerente/Arquitecto. Constreñido en su papel de estricto aplicador de la normativa, desautorizado en su pretensión de aplicarla mediante el enriquecimiento de un criterio razonado en términos de cultura urbana pero, al mismo tiempo, con la conciencia de estar pagado por el dinero público, el arquitecto siente que no está cumpliendo éticamente su función si no es mediante una rigurosa fiscalización de los expedientes, como si el hecho de aprobarlos fuera un acto reprobable de lenidad administrativa. De esta manera su misión disciplinar, que podía ser profundamente creativa en la orientación de la actividad privada, en el efecto ejemplificador de sus trabajos públicos y en la dimensión didáctica y formativa de la aplicación razonable de la legalidad, acababa siendo reducida a la de una chirriante pieza más de la maquinaria burocrática, una piedra en el engranaje.
Concluyo aquí: el haber estado en la Administración Pública me ha permitido identificarme con los arquitectos municipales, los arquitectos técnicos y los aparejadores, con sus problemas y sus condicionantes. Cuando me he pasado “al otro lado de la mesa” no siempre recordé cuáles eran esos problemas y no siempre fui justo en mis juicios. Ya he dicho que no me interesaba hablar aquí de las prácticas espurias de la Función Pública, porque indecentes los hay en todas partes. Pero puedo decir, con pleno conocimiento de causa, que un buen arquitecto municipal es una figura clave en el estado de un municipio. Podemos referirnos a un montón de pueblos de este país en los que se ve detrás el impulso de un buen alcalde y, casi siempre, detrás de un buen alcalde está la sintonía con un buen arquitecto. Son colegas con una preparación profesional mucho más completa que la mayoría de los que nos dedicamos a la actividad privada porque tienen que saber de todo y además, como quien dice, ‘en tiempo real’. 
No suele haber arquitectos municipales-estrella, pero la excelencia urbana de un lugar se debe más a su gestión honrada y eficaz de lo cotidiano que al sarpullido repentino de un edificio de esos que los cursis llaman “emblemático”. Y cuando hacen bien su trabajo, añaden a su eficacia la grandeza moral de quien sabe estar ejerciendo un servicio público desde esa sensata, modesta y admirable actitud que es la discreción, en estos tiempos en que la profesión se ve aquejada con frecuencia de una verdadera neurosis de notoriedad mediática.
Convendría que, con independencia de quien nos toque en suerte, no olvidáramos esto cuando hayamos de tratar con ellos."

jueves, 17 de mayo de 2018

[520] CAMBIO DE USO EN EDIFICIO FUERA DE ORDENACIÓN

Es habitual que en un edificio fuera de ordenación los particulares pretendan cambiar los usos de cada uno de los pisos o inmuebles. Los supuestos más habituales son cambiar oficinas a viviendas o cambiar el uso de locales industriales a comerciales ¿Sería autorizable?
Nuestros Tribunales han venido desarrollando un cuerpo de jurisprudencia en el que se admite el cambio de uso de inmuebles en situación de fuera de ordenación, por cuanto resultaría desatinado el impedir el uso de una construcción o instalación que no se pueda demoler y sobre la que además no pesa prohibición alguna respecto al uso. Tal jurisprudencia se ampara en evitar restricciones injustificadas al ejercicio de los derechos, y se funda en la necesidad de no impedir obras o usos que resulten inocuos para el interés público, consecuencia ineludible del carácter reglado de las licencias, así como en en el principio de proporcionalidad.
Analizamos dichos requisitos, haciendo alusión a que los mismos son para edificios con licencia fuera de ordenación por modificación de planeamiento. Por tanto, los requisitos que establece la jurisprudencia para poder cambiar el uso (que no las actividades dentro de un mismo uso), en edificios fuera de ordenación son:
1. Que el uso sea autorizable por el planeamiento urbanístico al momento del cambio de uso/actividad o bien que la actividad estuviese autorizada en la normativa en vigor al momento de otorgamiento de la licencia de obras originaria del edificio.
Se trata de que la actividad pretendida viene permitida por el planeamiento en vigor al momento de solicitar la comunicación previa o licencia de actividad, según los casos. No tiene sentido denegar una licencia cuando el uso es autorizable, en virtud del carácter reglado de las licencias.
Para conocer si el planeamiento en vigor permite la actividad pretendida, debemos acudir a las ordenanzas así como a las normas de edificación a fin de apreciar si el uso pretendido es autorizable, al igual que si se albergase sobre un edificio que no estuviera afecto a la situación de fuera de ordenación. Es así que debemos comparar si la actividad pretendida es congruente con los usos globales y pormenorizados autorizables en la zona por parte de la ordenanza de aplicación.
Ejemplo: Edificio sito en suelo urbano con un fondo edificable que excede en 6 metros el actualmente autorizable en el planeamiento. Se pretende en un local comercial de un edificio la instauración de un nuevo uso: restaurante, cuando antes existía una vivienda. El edificio se encontraría en ordenanza A, en cuyas determinaciones permite en plantas bajas el uso comercial. Se cumpliría este requisito.
El segundo supuesto, es decir, que se cumplan con los usos peritidos por la normativa en vigor en el momento del otorgamiento de licencias es un supuesto más excepcional pero permitido por la jurisprudencia en virtud de los derechos adquiridos por el titular de la licencia.
2. Que las obras necesarias para acomodar el inmueble al uso pretendido sean autorizables dentro de la situación de fuera de ordenación del edificio.
El segundo requisito que debe concurrir, es que las obras pretendidas sean autorizables dentro de la concreta situación de fuera de ordenación del edificio. Para ello, va a ser importante distinguir el tipo de fuera de ordenación en el que se encuentra el inmueble (según cada comunidad autónoma: total o parcial), de tal suerte que si las obras a ejecutar exceden de las autorizables, se deberá denegar la licencia.
3. Que el uso no impida o dificulte la aplicación del planeamiento.
Ejemplo: Pensemos que se solicita licencia o comunicación previa para la apertura de una cafetería sobre el bajo de un edificio sobre el que está aprobado un expediente expropiatorio para la ejecución de un nuevo vial. En este caso entenderíamos que estuviese justificado alegar el incumplimiento de este requisito y por ende denegar la licencia de
apertura o la ineficacia de la comunicación previa presentada. Por el contrario, en un edificio que esté fuera de ordenación por la existencia de una o dos plantas más, no será causa de denegación de la autorización para la apertura.
4. La renuncia a los derechos indemnizatorios para el caso en que se proceda a la decisión de eliminar el inmueble para conseguir la ejecución del planeamiento.
Pero ¿A qué se debe renunciar?:¿Al incremento del valor expropiatorio de las obras realizadas o al de la nueva actividad a implementar?
No ha existido en nuestros tribunales una postura única al respecto, sino que existen sentencias en las que se exige la renuncia al incremento del valor de las obras a realizar para la implantación de las nuevas obras en base a que esta limitación es la única que venía recogida en la ley (hoy derogado artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Suelo del 76) para la realización de obras pero no para actividades, y otras que exigen la renuncia al valor de la actividad como contrapartida a la facultad de cambio de uso.
5. Cumplimiento de código técnico y normas de habitabilidad, de ser exigibles.
Obviamente el cambio de uso pretendido no sólo debe cumplir con la normativa urbanística sino con el resto de normativa que rige la construcción, normativa entre la que resaltamos por su protagonismo el Código Técnico y la normativa autonómica de habilitabilidad.
También nuestros Tribunales han tenido la oportunidad de establecer los requisitos para cambios de uso en edificios en los que hubiese caducado la acción de restauración o reposición de la legalidad. Estos requisitos para cambio de uso, son los mismos que los anteriores pero añadiendo uno más: que se acredite la caducidad de la acción de restauración de la legalidad. La jurisprudencia razona que sería absurdo no permitir usar una edificación que debe ser tolerada y no va a ser demolida, siempre que el uso sea autorizable y se cumplan con el resto de los requisitos.
Paulo López Porto. Abogado urbanista en Lopezabogados.org, doctor en derecho y profesor de la USC.
Fuente: Iurisutilitas 

jueves, 10 de mayo de 2018

[519] JORNADA SOBRE LAS REPERCUSIONES DEL RD 638/2016, DE 9 DE DICIEMBRE, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO: ZONAS INUNDABLES Y LIMITACIONES URBANÍSTICAS

Interesante iniciativa de la Agrupación de arquitectos al servicio de las administraciones públicas del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.  

El próximo lunes dia 18 de junio de 2018 con una duración de 8,5 horas lectivas, tendrá lugar en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (Sala Gregori Mayans) de Valencia, una Jornada sobre las repercusiones del RD 638/2016, de 9 de diciembre, que modifica el reglamento del dominio público hidráulico: zonas inundables y limitaciones urbanísticas, dentro del Plan de Formación del COACV y organizada por la Agrupación de arquitectos al servicio de las administraciones públicas del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y la Diputación Provincial de Valencia. 
La protección de la ciudadanía frente al riesgo de inundación es, sin duda, una tarea necesaria que debe preocuparnos a todos y que, en ejercicio de su responsabilidad, afrontan las Administraciones Públicas, mediante la promulgación de preceptos legales. No obstante dicha misión se convierte en un complicado reto cuando se interfiere en el mundo del Urbanismo, articulando restricciones o imponiendo condicionantes a suelos en diferentes fases de desarrollo urbanístico. 
En consecuencia, la aprobación del Real Decreto 638/2016 que modificó el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), ha originado una fuerte preocupación entre los diferentes agentes que intervienen en la construcción y desarrollo urbanístico en los municipios afectados por riesgo de inundación, precisamente por las mencionadas limitaciones que se imponen a los usos de suelo, contradicción generada con el planeamiento urbanístico aprobado, e introducción de nuevos condicionantes y aspectos diferentemente interpretables. Por dichas dificultades, 12 municipios de la Comunidad Valenciana recurrieron dicha norma, cuando, casi con total certeza, aún no se era consciente de su existencia ni trascendencia en el resto de municipios de España. 
La aplicación de esta modificación del RDPH afecta tanto al promotor, como a la fase de proyecto de nuevas edificaciones, instalaciones o actividades, al desarrollo de planeamiento urbanístico y a la tramitación de las correspondientes licencias de obras y autorizaciones administrativas, tanto en suelo rural como en suelo urbanizado. 
Las dificultades se acrecientan cuando se consultan los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación que aparecen integrados en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI). La complejidad de elaboración de dicha cartografía y la escala territorial de su redacción, entra en serio conflicto con la mayor precisión de la escala “urbana” requerida para la gestión cotidiana municipal, como es, por ejemplo, el acto de concesión de una licencia de obras. 
El tema abre el debate hacia múltiples direcciones de gran interés (transposición de las Directivas Europeas, validez de la escala de las cartografías territoriales para la gestión municipal, prevalencia de cartografías de inundabilidad frente al PATRICOVA, coordinación entre Administraciones, responsabilidades patrimoniales, etc…). 
Estas cuestiones serán tratadas a nivel práctico en la jornada, incluyendo la explicación sobre el contenido de la "Guía Técnica de apoyo a la aplicación del RDPH en las limitaciones a los usos del suelo en la zonas inundables de origen fluvial" que elaboró el Ministerio, en atención al “calado” de las cuestiones que suscita la temática planteada. 

jueves, 22 de febrero de 2018

[518] REPOSITORIO DE EXÁMENES TIPO PARA PLAZAS DE ARQUITECTOS DE LA ADMINISTRACION. JUNTA DE ANDALUCIA

JUNTA DE ANDALUCIA
Febrero 2018 / 356 Convocados / 193 Presentados
SELECCIÓN DE CINCO FUNCIONARIOS PARA INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCION ARQUITECTURA SUPERIOR, DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Ver bases de la convocatoria y temario
Ver primer examen
Ver respuestas
Animamos a nuestros seguidores que participen como opositores o como miembros de tribunales de oposición a que nos hagan llegar documentos como el presente.

miércoles, 21 de febrero de 2018

[517] REPOSITORIO DE EXÁMENES TIPO PARA PLAZAS DE ARQUITECTOS DE LA ADMINISTRACION. AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)
Febrero 2018 / 35 Candidatos / 8 Aprobados
SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO INTERINO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ARQUITECTO SUPERIOR JEFE SECCIÓN.
Ver bases de la convocatoria
Ver temario, examen y estadisticas
Animamos a nuestros seguidores que participen como opositores o como miembros de tribunales de oposición a que nos hagan llegar documentos como el presente.

miércoles, 7 de febrero de 2018

[516] ¿POR QUÉ NECESITO UN ARQUITECTO?

El trabajo del arquitecto se podría diferenciar en tres etapas: Antes del proyecto, etapa de Diseño y la Construcción.
Antes del proyecto
Primero que todo es preguntarse cual la casa que queremos. O sea: la que nos podemos permitir, la que necesitamos o la que deseamos. Naturalmente tendremos que elegir entre una de ellas.
Busca un arquitecto que te escuche. Nadie más que tú sabe tus necesidades, deseos y las claves para explicar como es tu casa soñada. Por ello deberás hablar con el arquitecto y él escucharte. Tienes que explicar la casa que quieres, como quieres vivirla y disfrutar de cada rincón.
El arquitecto será tu asesor técnico de confianza.
Él dibujará tus necesidades, te aconsejará en los diferentes espacios, te aportará tipologías diferentes que no habías pensado y soluciones constructivas actuales. También redactará el proyecto para que sea todo legal y conforme a las leyes vigentes, hasta obtener la licencia de obras.
Dirigirá la obra, analizará los cambios propuestos (si hay) y sus sobrecostes.
Una vez finalizada la obra se obtendrá la primera ocupación y la casa estará legalizada como propiedad.
Todo este largo camino se hace con mucho diálogo y confianza mutua.
No hay que buscar el arquitecto más económico, ya que no es el más conveniente. El mejor es en el que tengas más confianza, te transmita más seguridad y se adapte a tus necesidades.
Antes de la elección del terreno o de una casa a reformar o ampliar también te puede asesorar. Se pueden encontrar con inmobiliarias físicas o virtuales, por Facebook o paseando por entorno que nos gusta y viendo letreros de venta.
Diseñando tu casa
Esta etapa es entusiasmante y delicada y no puede hacerse con prisas.
El cliente quiere mejorar su calidad de vida y por ello debe escoger un diseño bueno para él y sus circunstancias.
El diseño debe adaptarse al estilo de vida, la forma de ser, los valores y la familia del cliente. La casa es el reflejo de la familia ya que es donde hay nacimientos, aniversarios, recuerdos y muchas experiencias claves en la vida.
Un buen diseño es el que nos ayuda a ahorrar, el que nos hará vivir ordenadamente y el que nos hará tener una calidad de vida según nuestras necesidades.
El arquitecto debe transmitir todo ello en las propuestas que presente.
Un buen proyecto refleja muy bien las soluciones constructivas y evitará sobrecostes.
Un diseño de calidad es el que ahorra recursos y tiene eficiencia energética, también utiliza materiales de gran resistencia térmica y a la vez saludables.
Una casa saludable mejora las personas que la habitan.
Invierte en lo más importante y necesario para tu confort, en las cosas que su sustitución sería en un futuro inviable.
Invierte en el mejor aislamiento, en un buen diseño según tus necesidades, en materiales de calidad en muros y tejados, en definitiva con conseguir una casa de bajo consumo energético.
Ejemplo: Una cocina, un buen mobiliario o un buen parquet lo puedes tener más adelante y así estrenar casa en un futuro; pero los muros exteriores nunca los cambiarás.
El diseño es el instrumento de planificación y no se puede improvisar.
El presupuesto es básico para tenerlo como punto de partida y siempre se debe optar por la calidad constructiva.
El arquitecto también enseña todos los tipos de casas similares para que el cliente pueda elegir su modelo ideal.
Diseñar una casa no es sólo que tenga una forma bonita. Se puede hacer un buen diseño de una casa de menos de 100 metros cuadrados y de una con más de 200 metros cuadrados. La casa más barata es sencillamente más pequeña.
Construcción de la casa
El arquitecto debe estar a tu lado durante todo el proceso de construcción y así te ayudará a tomar las mejores decisiones.
Evita decisiones precipitadas y dobles instalaciones ya que son sobrecostes. Los clientes deben ser buenos planificadores y no improvisar temas fundamentales de la casa.
El arquitecto debe detectar problemas de diseño y los sobrecostes, en decisiones que se van tomando y también ir informando si nos vamos saliendo de presupuesto.
El arquitecto debe ir a la obra semanalmente y definir cada espacio con las ideas claras.
Hay que simplificar y evitar que la construcción se nos vaya de las manos, por tiempo, por dinero y por energía.
Cuando el proyecto se hace asequible se convierte un una experiencia maravillosa.
Elegir bien al constructor es muy importante. Al igual que el arquitecto el mejor nunca es el más barato. Un buen constructor tiene una buena planificación, tiene buenos equipos de instaladores y suele seguir las órdenes dictadas por la dirección, siempre con diálogo y consenso.
Un elemento clave para el control del presupuesto son las mediciones. Como mejor estén hechas más ajustado es el presupuesto y más real.
Las mediciones son el cálculo de todos los trabajos y materiales que intervendrán en la obra y definen el presupuesto total. (Ejemplo: metros cuadrados de yeso en toda la casa, metros de zócalo, etc. )
Todos los cambios que se deciden durante la obra aportan sobrecostos.
La experiencia me dice que el constructor que no hace su presupuesto con las mediciones, está dando precios a ojo y lo hace para no mojarse.
Es muy difícil que no aparezcan sobrecostes ni imprevistos, pero con comprensión entre todos los implicados se encuentran soluciones adecuadas para todos.
El arquitecto y aparejador deben ser constantes, semanalmente y de manera productiva en todas las visitas de obra.
A medida que se aproxima el final de obra y hay más industriales llegan las dudas; pero hay que confiar en el criterio de conjunto del arquitecto.
Al final de la obra también hay prisas para terminar, pero las decisiones precipitadas no son buenas.
Jordi Queralt. Arquitecto.
Fuente  

lunes, 22 de enero de 2018

[515] REPOSITORIO DE EXÁMENES TIPO PARA PLAZAS DE ARQUITECTOS DE LA ADMINISTRACION

A raíz de la sugerencia de una de nuestras seguidoras, nos ha parecido interesante el iniciar la creación de un repositorio de exámenes tipo para plazas de arquitectos de la administración. Obviamente el contenido de los exámenes será muy diferente en función del temario y del tipo de contrato ofertado. Contamos con la colaboración de nuestros seguidores para ir dotando a este repositorio de contenido haciéndonos llegar modelos de examenes y temarios de convocatorias.
Resolución de fecha 31 de octubre de 2017, por la cual se aprueban las bases y la convocatoria de la constitución de una bolsa de trabajo de arquitecto para cubrir con carácter temporal necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios en el Ayuntamiento de Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso-oposición
TEMARIO
Tema 1. La dirección de obras: Concepto legal, competencias, responsabilidad y tareas de la dirección facultativa.
Tema 2. Normativa vigente en las Illes Balears en materia urbanística.
Tema 3. Normativa vigente en el municipio en materia urbanística.
Tema 4. La gestión urbanística: La ejecución del planeamiento. Requisitos previos a la ejecución de los planos. Ámbito de ejecución del planeamiento: polígonos y unidades de actuación en suelo urbano.
Tema 5. Los sistemas de actuación y su elección: Compensación, cooperación y expropiación.
Tema 6. Plan especial de protección y reforma interior de los barrios de Sa Peña, La Marina y zona de ensanche de Vara de Rey
Tema 7. Plan especial de protección y reforma interior del barrio de Dalt Vila.
Tema 8. P.G.O.U. vigente desde 1987 en el término municipal de la Ciudad de Eivissa. Elaboración y aprobación de planeamiento municipal.

viernes, 15 de diciembre de 2017

[514] CALENDARIO DE ELECCIONES DE DECANOS Y PRESIDENTES DE LOS COLEGIOS Y CONSEJOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

Nuestra doble condición de arquitectos colegiados y representantes de la Administración, nos lleva a no entender situaciones como las que ancestralmente se vienen produciendo con respecto al calendario de elecciones de Decanos y Presidentes de los Colegios y Consejos de Arquitectos de España.
¿Os imagináis que para elegir al Presidente del Gobierno de España se votara en un Congreso donde hubiera Diputados recién elegidos y otros que fueron elegidos hace uno, dos, tres y hasta cuatro años antes, en función de la provincia a la que representen?, pues eso es lo que nos pasa a los arquitectos colegiados de España.
Somos conscientes de que esta propuesta supondría un gran esfuerzo de gestión a nuestras instituciones ya que habría que cambiar los estatutos de todos los Colegios de Arquitectos de España pero entiendo que el esfuerzo merecería la pena y desde luego contaría con el beneplácito de la mayoría de los arquitectos colegiados de España, enviaría un mensaje de unidad desde nuestro colectivo a la Sociedad en general y nos haría mas fuertes y unidos para afrontar los retos de la defensa de la profesión.
Asimismo, una limitación generalizada de dos mandatos en los cargos evitaría por lógica estadística la renovación del 100% de la mesa de Consejeros del Pleno del CSCAE cada cuatro años y disposiciones transitorias particulares en cada estatuto colegial salvarían la situación concreta de legislaturas no conclusas en la adaptación a la nueva situación. 
Rafael González Millán. Secretario de la UAAAP

miércoles, 29 de noviembre de 2017

[513] NO SUBESTIMES EL AGUA

A la hora de la planificación urbana se debe tener en cuenta la modificación del Reglamento de la Ley de Aguas publicado hace un año y que afecta seriamente a los suelos inundables.
Descárgate la guia de aplicación publicada por el Ministerio. https://drive.google.com/…/1kGSJ5T_zibQp0qR1fq4c-dR7p…/view…

[512] CERTIFICAR OBRA NO EJECUTADA

Sentencia del Tribunal Supremo 10/11/2017 condenando al exarquitecto municipal de Melide (A Coruña) a 18 meses de prisión por certificar obra no ejecutada para recibir una subvención. Un favor a la alcaldesa que acaba con una condena. Nunca hay que ceder a estas peticiones que parecen inocentes porque no hay cohecho.

jueves, 23 de noviembre de 2017

[511] REFLEXIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ARQUITECTOS MUNICIPALES A CAUSA DE LAS ANULACIONES DE LICENCIAS

.../... Aunque siempre ha existido esta posibilidad, lo cierto que es que era muy improbable por no decir incluso desconocido, que un ayuntamiento obligado a indemnizar a un ciudadano por el derribo de una edificación a causa de la anulación de una licencia urbanística, iniciara un expediente de repetición o de retorno contra el arquitecto municipal que había informado favorablemente dicha licencia anulada por los Tribunales.
Esto que era infrecuente empieza a ser algo más frecuente. Y las consecuencias para el arquitecto municipal son muy duras, pues las indemnizaciones exigidas suelen ser de cientos de miles de euros, y en algunos casos de varios millones de euros .../...

martes, 7 de noviembre de 2017

[510] PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

El próximo día 16 de noviembre de 2017, se celebrará la elección de presidente del CSCAE para el periodo 2018 – 2021. El Presidente será elegido por los Decanos de los Colegios de Arquitectos o Presidentes de los Consejos Autonómicos. Traemos aquí los programas electorales de los candidatos.
- Antonio García Herrero

- Fernando Nasarre y de Goicoechea

- Joaquín Mañoso Valderrama

- Lluís Comerón i Graupera

martes, 17 de octubre de 2017

[509] PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS

El próximo dia 10 de noviembre de 2017, se celebrará en la sede del Colegio de Arquitectos de Granada una sesión extraordinaria de la Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, donde serán elegidos por 66 asambleistas, representando a los ocho colegios de arquitectos andaluces, el Presidente y el Secretario del C.A.C.O.A. para el periodo 2017 – 2021. Traemos aquí los programas electorales de los candidatos.
CADIDATOS A PRESIDENTE
Luis Alfonso Juli Daza. COA de Sevilla
Noemi Sanchis Morales. COA de Huelva
Antonio Vargas Yañez. COA de Málaga
CANDIDATOS A SECRETARIO

[508] UN NUEVO CTE PARA UN NUEVO ESCENARIO

El sector de la construcción está desde hace algún tiempo sometido a una revisión para poder llevar a cabo una transformación profunda del modo en el que ha venido operando durante décadas. Desde ITeC creemos que es posible una transformación profunda y compleja, pero que precisa de un ejercicio de transversalidad sin el cual no es posible dar respuesta a todos los retos que se plantean en la actualidad.
Ese espíritu transversal, colaborativo, capaz de generar entornos de confianza y de transparencia, está en el núcleo de la transformación del sector. Y es así, porque consiste en promover un cambio de mentalidad sin el cual no será posible avanzar. A este cambio de mentalidad, le acompañan nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas herramientas, cuyo aprendizaje, por difícil que sea, no es comparable con lo que supone el cambio de mentalidad al que aspiramos.
Entre los muchos aspectos que se deben replantear se podría proponer una posible revisión del Código Técnico de la Edificación (CTE). Sin entrar en un diagnóstico que nos podría llevar a un artículo de gran extensión, se puede realizar un ejercicio de síntesis para proponer unas ideas que, a nuestro entender, podrían establecer las directrices básicas de un CTE adaptado al nuevo escenario en el que nos encontramos, casi 15 años después de los primeros planteamientos del actual CTE.
¿Qué términos definen el escenario actual? 
1. Un concepto Global: La sostenibilidad en toda su extensión (Económica, social y técnica, incorporando la economía circular, la reducción de impactos ambientales, emisiones, reducción de la dependencia de energía no renovable…etc.)
2. Una necesidad europea: La renovación Urbana, en la que la Arquitectura y la Construcción, forman parte junto a otros sectores y áreas de conocimiento
3. Las nuevas tecnologías: La agenda digital europea y la Construcción 4.0.
4. Un cambio sectorial: La adopción de una cultura altamente colaborativa (ligada a la transversalidad, transparencia, la confianza)
Obviamente, el CTE por si sólo no puede dar respuesta de forma exclusiva, pero si puede contribuir notablemente participando y asumiendo aquellos aspectos a los que se encuentra más cercano.
La revisión podría partir de un concepto central: el ciclo de vida completo.
El CTE debería enfocarse hacia el ciclo de vida completo de la edificación, incorporando aquellas exigencias que sean necesarias en cada una de las distintas fases Planificación, Diseño, Construcción, Explotación, Rehabilitación y/o Deconstrucción. 
Es necesario superar la presencia a veces excesivamente testimonial o parcial de alguno de estos aspectos. Esta idea fundamental, debería propiciar, que toda edificación nueva o existente, se viera vinculada a unas exigencias precisas en función de su situación o estado.
Superaríamos de este modo el hecho que el CTE sólo afecta a nueva edificación o gran rehabilitación, dejando la inmensidad del parque existente bajo una nube no suficientemente precisa de otras instrucciones, leyes o decretos.
En este sentido conviene recordar que, del parque de viviendas de España, por encima de 25 millones, apenas un 3% de ellas se han construido bajo las indicaciones del CTE, mientras que cerca de un 58% lo hicieron bajo las NTE y las NBE.
Alrededor de esta idea central, proponemos abordar los siguientes aspectos colaterales:
1. Reconsideración/autocrítica/reorientación del CTE entorno al debate código Prestacional/código Prescriptivo, que conduciría probablemente a un reequilibrio de las actuales partes I y II del CTE.
2. La necesaria lectura transversal del CTE, procediendo a un análisis de compatibilidad y encaje entre documentos básicos, con el mismo rigor que se exige a un proyecto cuando con las tecnologías actuales estamos introduciendo lo que denominamos “control de colisiones”.
3. Apertura de un debate sobre el modo de tratar la intervención en edificios existentes a distintas escalas de profundidad, que permita dar una solución a las dificultades que plantea la relación CTE-Rehabilitación, todavía no suficientemente resueltas. En este ámbito cabe destacar dos aspectos. El primero es permitir la adopción de aquellos criterios normativos orientados a mejorar, tanto como sea posible, la situación de un edificio existente, más que obligarle a cumplir con el código en toda su extensión, una tarea casi imposible en muchas ocasiones. El segundo es la necesidad de flexibilizar la documentación estándar de proyecto adaptándola a cada tipo de intervención de rehabilitación, puesta de relieve en el último Congreso de la Arquitectura, celebrado en 2016.
4. Abordar la estandarización de los datos en un proceso que avanza cada vez de forma más decidida hacia el diseño paramétrico orientado a objetos, que las nuevas tecnologías electrónicas ponen al servicio de la actividad del sector como instrumento para alcanzar mayores cotas de calidad.
Finalmente, creemos que sería interesante una reflexión general sobre la relación del CTE, y la promoción de la innovación en el sector. ¿Hasta qué punto el actual CTE es capaz de promover la innovación? ¿Han sido los Documentos Reconocidos un buen instrumento de promoción de la innovación? 
Ferran Bermejo Nualart, Director Técnico de ITeC.
www.itec.es fbermejo@itec.cat
Septiembre 2017

jueves, 28 de septiembre de 2017

[507] TRES PROPUESTAS DE LOS ARQUITECTOS DEL SECTOR PÚBLICO A LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Se plantean estas propuestas desde el convencimiento del beneficio que reportaría la colaboración entre los arquitectos que pertenecemos al sector público y los colegios profesionales y por el interés de transmitir a los arquitectos que quieran incorporarse al mismo, que es en su colegio profesional donde deberían encontrar más apoyo institucional para conseguir sus objetivos.
Para el que se muestre escéptico con esta aseveración tan solo recordarle el beneficio que para los arquitectos del sector público nos supone encontrarnos con un lugar de encuentro para temas de formación, consultas, reclamaciones, denuncias,… y como los Colegios de Arquitectos deberían llegar a ser ese lugar para nosotros, sobre todo motivado por la reticencia de las administraciones públicas en favorecer que los gremios profesionales se agrupen, por el temor de que se hagan fuertes y exijan sus derechos mancomunadamente.
Pero para ello los Colegios tienen que apostar por nuestro Colectivo considerando como mínimo para su análisis y debate, propuestas como las que se exponen a continuación.
Primera propuesta. Sobre el visado
Todos somos conscientes de la gran cantidad de documentación que a raíz de la aparición de CTE se le vienen pidiendo a los proyectos arquitectónico. A raíz de esta circunstancia por ejemplo, el CSCAE ha elaborado un Manual de Calidad del Proyecto Arquitectónico que es un instrumento a disposición del proyectista para la redacción de Proyectos con un estándar para la organización de la información y la justificación del cumplimiento de la normativa. 
Pero en muchas ocasiones la justificación urbanística dentro de ese Manual o de cualquier otro índice de proyectos promovido por otras instituciones se limita a completar una hoja con cruces como si estuviéramos rellenando una encuesta.
Es el propio CTE el que en su parte primera recoge que la aportación de la justificación urbanística en un proyecto no solo se debe plasmar en la memoria sino también en la planimetría e implícitamente abre las puertas a un tratamiento más exhaustivo de la misma.
Propongo a los Colegios de Arquitectos una mejor coordinación del procedimiento del visado con el de la obtención de las licencias de obras. Hablo de coordinación, no de sustitución, y se podría iniciar este camino por ejemplo impulsando una mayor consideración de la justificación urbanística de los proyectos arquitectónicos, con el mismo rango que se le otorga a la memoria, los planos o los presupuestos, dentro del Manual de Calidad del Proyecto Arquitectónico que facilitaría el trabajo al visador, al técnico municipal y al propio arquitecto redactor.
Considero que la implantación de este documento anexo y sucinto que incluiría texto y planimetria, impulsada desde el CSCAE y con el apoyo de la FEMP se podría promover a nivel nacional proponiendo su inclusión en ordenanzas municipales y en todos los visados de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España mediante una única plataforma.
Evidentemente esta propuesta tendría en un principio un esfuerzo añadido para el proyectista pero creo que a la larga se agilizarían los trámites de licencias con el consiguiente beneficio para su trabajo. 
Parafraseando al escritor francés Blaise Pascal, “Empecemos el camino para evitar redactar proyectos más extensos de lo normal, porque se carezca del tiempo necesario para redactarlos más breves”.
Segunda propuesta. Sobre la colegiación
¿Tienen que estar colegiados los arquitectos del sector público?, ¿Tienen que estar colegiados solo los arquitectos o ingenieros, o también los licenciados en derecho y los economistas del sector público? No voy a contestar aquí a esas preguntas que podrían tener muchas interpretaciones y consecuencias. Lo que si tengo claro es la respuesta a otra pregunta ¿Deberían de estar colegiados los arquitectos del sector público? Y la respuesta es claramente “si”.
Curiosamente, los arquitectos del sector público si no están colegiados, no son requeridos por los Colegios correspondientes para que se colegien. Y si son requeridos, los arquitectos no les hacen caso. Los arquitectos del sector público representan un 8% del total de arquitectos españoles pero se estima que no llegan al 2% los que están colegiados. Tres de cada cuatro arquitectos del sector público no están colegiados.
Ante toda esta coyuntura, propongo a los Colegios de Arquitectos, un esfuerzo para conseguir la colegiación de todos los arquitectos en exclusividad del sector público haciéndole la colegiación atractiva, barajando incluso la posibilidad de establecer la gratuidad de esta, con el único abono de los servicios añadidos demandados.
Tercera propuesta. Sobre la corrupción urbanística
De los 8.112 municipios que existen en España, un total de 8.017, es decir casi un 99%, tienen censados menos de 50.000 habitantes y solo en 95 municipios de España se supera esa cantidad.
Y aunque “solo” el 50% de toda la población de España se ubica en municipios de menos de 50.000 habitantes, entre todos esos municipios de menos de 50.000 habitantes se abarca prácticamente el 99% del territorio físico nacional y no debemos olvidar que el urbanismo se produce en el territorio.
Y en este escenario los municipios, sean grandes o pequeños, tengan más o menos recursos, asumen todos el mismo protagonismo en la ordenación urbanística del suelo amparados por las distintas legislaciones autonómicas, que son a la postre, las competentes en esa materia.
Sin embargo la figura del Arquitecto no tiene tanta fuerza en las Administraciones Locales como los Cuerpos de Secretarios e Interventores. Fuerza no, pero siempre ha existido una figura en los Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes con un cometido parecido: Maestros de la Villa, peritos, arquitectos honoríficos, etc…
Una lógica evolución en el tiempo podría encaminar al municipio a contar en su plantilla con una plaza de arquitecto pero curiosamente este paso se está omitiendo en más ocasiones de las deseadas para mantener lo preexistente o para ir directamente a lo que desafortunadamente se denomina “Asesor Urbanístico” al margen del campo de la arquitectura y de los procedimientos legales de contratación.
A todo esto le sumamos que con frecuencia aparecen en el urbanismo municipal, “intereses” claramente desaconsejables para la consecución del interés público que se presupone en la Ley. Si bien el urbanismo es la principal forma de financiación de muchos Ayuntamientos, la mayoría de las veces, no cuenta con los medios “asépticos” necesarios para alcanzar sus objetivos.
Sólo nos enteramos por la prensa de los escándalos urbanísticos más groseros y llamativos, pero hay muchos más. No todos los municipios de España son costeros y turísticos, o se encuentran en la corona metropolitana de una gran urbe.
Entonces, ¿Dónde está el problema? Está claro. Las Administraciones Locales asumen cada vez más competencias, sin que ello vaya acompañado de un mayor aumento de medios, con la consiguiente “mediocretización” de los recursos técnicos y humanos de los Ayuntamientos, sobre todo en los de menos de 50.000 habitantes que representan como ya hemos comentado el 99% de los municipios de España y de su territorio. 
Propongo a los Colegios de Arquitectos, el impulso institucional para la creación de un Cuerpo Autonómico de Técnicos del Territorio de la Administración Local con su propio régimen jurídico a semejanza del que se regula para secretarios e interventores con habilitación de carácter nacional, desde el convencimiento de que la Sociedad agradecerá ese esfuerzo por fiscalizar a los Ayuntamientos en sus responsabilidades urbanísticas.
Añadir para finalizar que ese Cuerpo funcionarial no tendría que ser exclusivo para arquitectos, como el Cuerpo de Secretarios no lo es para licenciados el Derecho, pero considero que es nuestra obligación moral y social como arquitectos el liderar este proyecto, sabedores de que al final tendremos nuestro reconocimiento y recompensa por esta iniciativa.
Resumen de la ponencia desarrollada por Rafael González Millán, Secretario de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España (CSCAE), en la jornada sobre arquitectos en el sector público organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid el 26 de septiembre de 2017.

martes, 12 de septiembre de 2017

[506] SOBRE LOS LIMITES ENTRE LA REGULACIÓN NORMATIVA Y LA LIBERTAD DE DISEÑO

El paisaje urbano es un objetivo de ordenación armoniosa y funcional de la ciudad, un propósito perseguido para dotar a lo urbano de una significación estética y de una singularidad que tiene su origen en el trazado y en las ordenanzas, dos instrumentos claves en la formalización de los desarrollos urbanos.
Pero así como los trazados son asumidos por los arquitectos de la edificación como un acto creativo, que lo son, las ordenanzas se contemplan solo como una rémora en el proceso de elaboración de un proyecto. Y sin embargo, la palabra escrita -las ordenanzas-, son como el dibujo -los trazados- lenguajes distintos aplicados al cumplimiento del mismo objetivo: la creación del paisaje.
Los trazados elaboran el plan en el plano de la rasante. Las ordenanzas determinan las condiciones de la edificación sobre la rasante: la disposición de los huecos, los cuerpos volados, las cubiertas… En definitiva, todos los elementos de la envolvente del edificio son lo que son en una ciudad porque así están definidos en las ordenanzas.
El trazado requiere la consideración del sitio. Y el desprecio por el lugar de los PAUs ejecutados a lo largo de los últimos lustros ha producido una desoladora estandarización de los paisajes urbanos y ha vaciado de significado los espacios así producidos. Porque un espacio solo se convierte en “lugar” cuando es fiel a un contexto, que le singulariza y le dota de sentido. Y se convierte en un “no lugar” cuando no es reconocido por los otros. Fig. 1 y 2
Figura 1. Fotografía aérea de la plaza de La Paja Madrid (Bing Maps)
Figura 2. Fotografía aérea de Los tres Olivos Fuencarral. Madrid (Bing Maps)
Las ordenanzas, plantean un problema mayor. Habitualmente desdeñadas, deben ciertamente ser entendidas como una estrategia de planeamiento, pero también como una forma alternativa de diseño. Buena parte del déficit morfológico que encontramos en nuestras ciudades no es sino el resultado inevitable de ignorar el valor formalizador de las ordenanzas, ya sea por los arquitectos en tanto que autores de los proyectos de edificación que desarrollan los planes, ya sea por los técnicos responsables del control de la forma urbana en las instituciones encargadas de cuidar de ella. Mal se pueden aplicar unas normas urbanísticas, como mala disposición se va a tener para respetarlas, si los encargados de velar por su cumplimiento y quienes van a responsabilizarse de la edificación en la ciudad desconocen los objetivos que estas normas persiguen, los principios en los que se inspiran y los efectos que de su incumplimiento se derivan.
Y si hablamos de las ordenanzas y de su influencia en la creación del paisaje urbano, no está de más empezar por la fijación de los límites entre la regulación normativa y la libertad de diseño.
El proyecto urbano preconizaba un enfoque contextualizado de la arquitectura y una manera de afrontar el problema de la forma en las escalas mayores del nuevo urbanismo. Y en ese marco, el compromiso entre la arquitectura y la ciudad debe sustanciarse en un equilibrio consensuadoentre la libertad y la regulación. Fig. 3
Figura 3. Casa Schroeder,Gerrit Thomas Rietveld Utrecht (No localizada)
La inserción de la idea del proyecto urbano en el planeamiento y la necesaria libertad de diseño reclamada por los arquitectos de la edificación exige la definición en los planes de esos elementos que en el discurso profesional se ha dado en llamar fuertes y débiles. Los llamados fuertes, vinculantes y definidos con precisión, imprescindibles para la estructuración y congruencia de la ordenación; y los llamados débiles, que el plan entiende de importancia menor, y que serían por ello susceptibles de ser modificados o definidos con posterioridad.
Si la obligación de controlar el espacio público desde el planeamiento en las “determinaciones sobre la parcela” parece una responsabilidad que la administración no debe soslayar, la necesidad de ampliar los grados de libertad de los arquitectos en las “determinaciones sobre la edificación” parece una aspiración razonable, hasta el momento no satisfecha.
El ámbito de lo urbano y el ámbito de la edificación. Lo colectivo y lo individual. El espacio público y el privado. Las determinaciones normativas sobre las parcelas y las determinaciones normativas sobre la edificación. El paisaje urbano -que en los últimos cincuenta años ha sufrido mutaciones aproximadamente cada generación- tiene que reinventarse en la consideración de un nuevo marco de referencia general atendiendo a aquellos elementos que desde las ordenanzas determinan definitivamente ese paisaje:
1. Los tejidos y la edificación singular.
La ciudad se construye en sus tejidos y en sus edificios singulares.
a. Los tejidos se definen desde el planeamiento. 
Se identifican globalmente y proporcionan una continuidad reconocible en el paisaje, aunque en ellos se intercalen edificios que pueden contener rasgos inequívocos de singularidad en una percepción de proximidad. Esa homogeneidad define unidades morfológicas que se verifican por oposición a otras de las que se diferencian fundamentalmente por los cambios tipológicos. Y sin embargo, en ocasiones los propios tejidos pueden conformarse mediante una adecuada combinación de tipos edificatorios que amplíe los grados de libertad de los arquitectos, sin que se vea mermado por ello el control de la administración sobre esos parámetros urbanísticos fundamentales que determinan el dimensionado de las infraestructuras o a la determinación de los estándares de los equipamientos colectivos.
En todo caso, la edificación en los tejidos requiere un compromiso con el entorno que se traduce en una normativa en la que es inevitable un cierto rigor. Fig. 4
Figura 4. Edificio de viviendas en el carrer del Carme, Barcelona,Josep Llinás (Revista El croquis nº 128) Madrid 2005
b. La edificación singular de las parcelas aisladas y las destinadas a equipamientos públicos
No debe regirse por otras normas, como no sean las propias del uso al que estas edificaciones se destinen y sus correspondientes normas de seguridad, además, lógicamente, de la línea de demarcación del espacio público y, en su caso el retranqueo.
En esta cultura del gesto, los elementos infraestructurales y técnicos como los centros de transformación, las columnas de ventilación, las plataformas de aparcamiento, los puntos limpios, al igual que los parques eólicos o solares en el territorio deben ser objeto de una atención específica y entenderse como una oportunidad en la creación del paisaje.
2. La alineación oficial.
La alineación oficial es una traza eminentemente paisajística. La demarcación entre lo público y lo privado, y el juego de esta alineación oficial con la línea de fachada constituye un factor fundamental en la definición escénica de todo espacio en trance de ser ordenado. Y es en el control de este instrumento de ordenación donde se juega una parte sustancial de la imagen de la ciudad.
El plano de la fachada puede coincidir con la alineación oficial y establecerse en ese caso una separación neta entre lo público y lo privado. Pero puede esa línea convertirse en una franja cuando se producen alineaciones de fachada retranqueadas en relación con la alineación. Y es ahí, en esos espacios intermedios, que pueden incorporarse a lo público o encerrarse en el claustro de la privacidad, donde se juega el perfil de la calle. Pues basta una determinada definición de la altura de los cerramientos para transformar lo interior en exterior o lo privado en cuasi público, y al revés. Fig. 5 y 6
La definición de las alineaciones es, naturalmente, competencia incuestionable del planeamiento. Cuando la relación entre lo edificado y el espacio público es directa, cuando se produce sin ningún elemento de intermediación, la única posibilidad de intervención entre el interior y el exterior es el tratamiento del acceso a la edificación y el de las fachadas, y es difícil en este caso no aceptar la competencia municipal en estos elementos tan directa e inmediatamente vinculados a la calle. Otra cosa es cuando esa relación se produce por interposición de una franja intermedia de espacio libre privado. En ese caso, los elementos de la fachada del edificio podrían disponer de mayores grados de libertad (vuelos, balcones…), mientras que la altura, no siempre, y caracterización del vallado de cerramiento, que afecta muy directamente a la calle, son factores que la administración debería controlar.
En el caso de sectores de edificación en ordenaciones de bloque abierto, no hay razón alguna que sustente el exhaustivo control que desde la administración se sigue realizando en ellos. La distancia de las edificaciones a la calle y la frecuente implantación de este tipo de actuaciones en sectores de nueva construcción sin señas de identidad previas que los caractericen, justificaría una normativa con amplios grados de libertad en la definición de volumetrías, formas de ocupación, alturas, cuerpos volados, etc.
3. Condiciones de parcela. 
Se definen desde el planeamiento, aunque pueden alterarse por agrupación o segregación de unidades preexistentes con el único límite habitual de las dimensiones de la parcela mínima.
La correlación entre el tamaño de las parcelas y manzanas y la densidad y el grano edificatorio no inciden solo en la morfología, sino también en la forma de vida de los ciudadanos.
Las grandes manzanas satisfacen las necesidades de relación de los vecinos en el patio interior, mientras que las manzanas de tamaño reducido lo hacen en los espacios cívicos exteriores.
Esta circunstancia revitaliza el espacio público, muy necesitado de tendencias reequilibradoras que recuperen para la ciudad las funciones de relación tantas veces trasvasadas al ámbito privado en los complejos integrados de las modernas áreas de centralidad.
4. Condiciones de los usos. 
La incidencia en el paisaje urbano de la definición de los usos ni siquiera precisa explicación por evidente: los barrios residenciales, los espacios productivos o los usos terciarios requieren volumetrías y tratamientos de fachadas y volúmenes bien diferenciados. Por su parte, en las áreas residenciales las calles se especializan: las que acogen y concentran la actividad comercial y las que recogen solo los flujos de la residencia. Y de nuevo la definición de la alineación, el tratamiento de los espacios intermedios y la caracterización del cerramiento son factores sustanciales en la configuración del paisaje. Fig. 7

Figura 7. Viviendas en la rue Meaux,Paris Renzo Piano
5. Condiciones de la edificación.
a. Densidad y tipo edificatorio.
Las grandes superficies de cesión exigidas en las densidades altas dificultan la continuidad de los tejidos, mientras que las densidades muy bajas generan un tapiz continuo, pero al mismo tiempo un déficit de actividad en la calle y una insostenibilidad del modelo que las hacen inconvenientes (ver cuadro fig. 11). La correlación entre la densidad y la superficie de suelo de reserva para equipamientos y servicios urbanos exige un compromiso de racionalidad compensatoria que conjugue la necesaria trabazón de los tejidos con una cierta intensidad de uso del espacio público. Es preciso superar la decadencia de la calle producida tanto por los tejidos débiles de las bajas densidades como por esas grandes manzanas autistas de los ensanches modernos, vertidas hacia los patios interiores y con un único punto de conexión con el exterior.
Es comúnmente aceptado que las densidades medias-altas favorecen la continuidad de los tejidos y una cierta intensidad de uso en el espacio público, pero se pueden alcanzar mediante la utilización creativa de todo el abanico tipológico que los arquitectos de la edificación están en disposición de desplegar. El automatismo tipo-morfológico “manzana cuadrada- manzana cerrada” y la extensión de su utilización a lo largo de los últimos lustros no deben tener continuidad en el futuro. Si a la necesaria reducción de las unidades de actuación motivada por la actual crisis se uniera una mayor libertad en la elección del tipo edificatorio, la imagen urbana podría mejorar en un futuro próximo.
b. Altura.
No hay ninguna razón, salvo las formales, que justifique el control generalizado de las alturas por la administración. Con la densidad y la edificabilidad predeterminadas, (que deciden, como hemos visto, la asignación de las superficies destinadas a la implantación de los equipamientos colectivos y el dimensionado y capacidad de las infraestructuras), ni la forma de ocupación del suelo ni la altura de las edificaciones afectan a esos parámetros fundamentales, que sí requieren un control público. Fig. 8 y 9
Figura 8. Ordenación urbana en Îlot Saint Maurice,Lille X. de Geyter (Revista El croquis nº 126). Madrid 2005
Figura 9. Barrio en China No localizado
c. Condiciones estéticas. 
Huelga decir que no es fácil trasladar al articulado de unas ordenanzas los criterios estéticos de una ordenación, no es fácil determinarlos, son transitorios y no son generalizables.
Que son transitorios lo atestigua un hecho muy reciente: en los planes generales de la década 1980-90 se extendió la regla que exigía hacer coincidir los ejes de los huecos de las plantas bajas con los del resto de la edificación para regular el caos compositivo de las fachadas; y había transcurrido apenas una generación cuando el aparente desorden de la arquitectura de los ritmos musicales, la explotación estética del caos, los efectos de la alternancia de huecos o la deconstrucción puso de manifiesto la frecuente fugacidad de los criterios estéticos. Esas ya antiguas leyes compositivas aparentemente ortodoxas deben dar paso a un orden más complejo, más ecléctico y, en definitiva, más abierto. La arquitectura sin pretensiones exige un marco, pero se debe admitir su trasgresión para satisfacer las necesidades de la arquitectura de autor. Fig. 10
Figura 10. Viviendas en el entorno del Mercado de Santa Caterina , Barcelona MBT estudio (Revista El croquis nº 144) Madrid 2009
Que no son generalizables lo ilustran a veces sorprendentes contrapuntos: así, mientras que algunas normas urbanísticas de nuestras ciudades protegen sus rasgos identitarios preservando el orden vertical de sus huecos y sus voladizos, algunos planes holandeses provocan la creación de un paisaje, hasta entonces inexistente, mediante la prohibición de que sus huecos y sus vuelos se alineen de manera alguna en sus fachadas.
Y sin embargo, los huecos, los cuerpos volados y los cerramientos de las parcelas son elementos determinantes en el paisaje; en el paisaje preexistente, que se apoya en normas para mantener su esencia a través de ellas; y en ausencia de paisaje, reclamando libertad para la exploración estética de la ciudad.
6. Condiciones de urbanización.
Hay poco que objetar a la libertad de diseño en un campo en el que ya existe, salvo añadir que no debe ignorar ni a los usuarios, ni la topografía ni la vegetación autóctona ni las preexistencias.
Y, para terminar, hay que recordar que el paisaje no puede ser un juego frívolo, que en la ciudad no antecede a la función, que es resultado de ella, que la arquitectura es un arte, no un espectáculo, que su fin último radica en servir a la sociedad, no utilizarla en beneficio propio y que los ciudadanos nos van a juzgar, no por la impostada expresión de nuestras abstracciones conceptuales que no leen, ni por los divertidos hallazgos de la representación que no ven, sino por nuestra aportación a la mejora en sus condiciones de vida que sufren o disfrutan.
Cuando las referencias culturales no responden a un contenido cierto del proyecto y sólo sirven para alimentar el ego, son una banalidad; cuando la representación sólo es publicitaria y pretende convertirse en una alternativa a la realidad es algo más grave, es un fraude a la sociedad.
Maria José Tarduchy. Dra. Arquitecta. (Profesora en la Escuela de Arquitectura de Madrid)
Publicado en 17 Julio, 2017, por josesegui 

lunes, 4 de septiembre de 2017

[505] ENCUESTA DE INTERÉS PARA LOS ELECTORES DE LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DE ARQUITECTOS...Y PARA LOS ELECTORES DE ESOS ELECTORES.

miércoles, 28 de junio de 2017

[504] LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS

Si hay algo que caracteriza al mundo de las profesiones colegiadas en España es su estructura de representación. Una estructura consolidada en una tradición histórica que no siempre va acompañada de la implementación de las nuevas tecnologías y de la adecuación a la realidad que la Sociedad y el colegiado actual demanda.
Organizada generalmente en cascada, surgen Consejos, Colegios, Demarcaciones, que con ámbitos territoriales distintos abarcan, no siempre respetando sus competencias, a todo el Territorio.
Y con ellos surgen Decanos y Presidentes, que con la mejor voluntad de las posibles se encuentran con una maquinaria funcionando y que la inercia les lleva a ni siquiera plantearse si esa maquinaria convendría ser mejorada o incluso sustituida.
Y aparecen opiniones enfrentadas sobre la bondad del actual sistema territorial frente a por ejemplo la colegiación única. Opiniones radicales que no encuentran en la contraria lo bueno que ambas tienen y que unos por otros la casa se queda sin barrer.
Y mientras tanto el colegiado de a pie asiste impasible a como se mantienen estructuras obsoletas, con falta absoluta de coordinación intercolegial y teniendo que escuchar el mantra de algunos dirigentes de que este es el mejor Colegio de España y que lo que hagan los demás no es nuestro problema.
Pues si es nuestro problema, porque los fuegos en el bosque no se apagan a pie de árbol, hacen falta también hidroaviones, y es el trabajo coordinado entre todos el que obtiene sus frutos, dejando a un lado afanes endogámicos de protagonismo y abogando porque la generosidad sea el rasgo más deseado para nuestros dirigentes.
La optimización de recursos, lideradas por los Consejos y auspiciada por convicción por todos los Colegios y Demarcaciones territoriales, hará que nuestras Instituciones hagan frente al mayor problema con el que se enfrentan nuestras profesiones y que no depende de factores externos, el desapego del colegiado con sus dirigentes y órganos de gobierno.
Aunque la solución no pasa por el colegio único, se debería llegar a poder unificar el 80% de los recursos y procedimientos. Actualmente puede que estemos en el 1%. Solo así tendrán razón de ser las actuales estructuras colegiales. Y que no se nos olvide que siempre será mejor que esa iniciativa la tomen los afectados a que venga impuesta por directivas políticas externas.
La territorialidad de los colegios profesionales afianzada durante años como benefactora del servicio próximo al colegiado y a la Sociedad la estamos poniendo en peligro por no aplicar el sentido común y la generosidad en la optimización de recursos intercolegiales. ¿Os imagináis una gran entidad bancaria con una única sede en España sin cajeros automáticos?

Rafael González Millán. Arquitecto

martes, 13 de junio de 2017

[503] LOS AYUNTAMIENTOS AHOGADOS POR EL RD 638/2016, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

La regulación del riesgo de inundación, es sin duda una necesaria tarea que desde la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo trata de mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos que habitan en zonas propensas a dicho riesgo.
Pero el traslado de la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico, no ha sido precisamente la más adecuada. 
La nueva tipología edificatoria que se impone en multitud de casos, es la del “palafito”, tras la entrada en vigor, el pasado 30.12.2016 del mencionado Real Decreto, sin audiencia previa a los municipios, donde se imponen graves limitaciones a las edificaciones, incluso en situación básica de suelo urbanizado, entrando en serio conflicto con planeamientos ya aprobados (vease redacción nuevo art. 14bis).
El nuevo Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se basa en una cartografía aprobada con anterioridad a dicha modificación, en 2013, del Sistema Nacional de Cartografía de zonas Inundables del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI).
Tanto el Arquitecto Municipal, como el Arquitecto profesional libre han de constatar si el municipio está afectado por inundabilidad; incluso el calado que afecta al concreto solar o inmueble. Adjuntamos una pequeña guía de acceso y consulta a dicha cartografía, por si resulta de interés (Guia Consulta SNCZI)
La aplicación “visualiza”, que no informa ni certifica, la cota (nivel profundidad de agua (m), en su caso; que es la que hay que salvar con la intervención arquitectónica.
Pero además, resulta que, la “escala territorial” con la que se han realizado los mapas y las simplificaciones necesarias que requiere introducir el modelo digital utilizado, conlleva multitud de discordancias e imprecisiones difíciles de asumir por el nivel del detalle que requiere la escala local a la hora de conceder o denegar licencias urbanísticas en los ayuntamientos: viales donde la cota de inundación puede superar 2 metros y en los solares inmediatos colindantes de la calle adyacente dicha cota es de cero metros; calles donde las casas de un lado son inundables y las del otro lado no, etc. ¿Cómo va a explicar esto el técnico municipal al ciudadano a la hora de denegar a un señor la licencia y a su vecino de al lado no? (A modo de ejemplo)
Es interesante apuntar que, como en otras ocasiones a la hora de trasponer las Directivas Europeas, el Estado ha tomado la recomendación de Europa al pie de la letra y muy del lado de la seguridad, quizás sin medir adecuadamente sus consecuencias a todos los niveles, discerniendo adecuadamente diferentes situaciones.
De esta manera, donde la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (https://www.boe.es/doue/2007/288/L00027-00034.pdf) menciona como referencia mínima la de 100 años como periodo de retorno (ver art.6), el Estado Español ha establecido el escalón para fijar restricciones importantes normativas, que afectan a actuaciones de muy diferente envergadura, en períodos de retorno de 500 años, vinculando este periodo al concepto de “zona inundable”, lo que da unas superficies territoriales mucho más amplias en su afectación.
12 municipios de la Comunidad Valenciana, han recurrido la norma, al Tribunal Supremo, por entender la inaplicabilidad de la misma, por nulidad de pleno derecho al vulnerar la propia Constitución, el principio de reserva de ley y las competencias tanto del legislador básico estatal en materia de suelo y las urbanísticas autonómicas.
En definitiva, en algunas Cuencas, en las que no se ha realizado inversión alguna de encauzamiento, el Estado traslada el problema de no intervención “aguas arriba”, a los asentamientos urbanos históricos “aguas abajo”, ahogando su sustancial existencia, cercenando sus ancestrales derechos y causando un inmerecido e irreparable perjuicio jurídico –administrativo, que está originando una fuerte preocupación en los municipios afectados.
Francisco Taberner Pastor
Profesor Titular del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia