martes, 13 de junio de 2017

[503] LOS AYUNTAMIENTOS AHOGADOS POR EL RD 638/2016, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

La regulación del riesgo de inundación, es sin duda una necesaria tarea que desde la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo trata de mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos que habitan en zonas propensas a dicho riesgo.
Pero el traslado de la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico, no ha sido precisamente la más adecuada. 
La nueva tipología edificatoria que se impone en multitud de casos, es la del “palafito”, tras la entrada en vigor, el pasado 30.12.2016 del mencionado Real Decreto, sin audiencia previa a los municipios, donde se imponen graves limitaciones a las edificaciones, incluso en situación básica de suelo urbanizado, entrando en serio conflicto con planeamientos ya aprobados (vease redacción nuevo art. 14bis).
El nuevo Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se basa en una cartografía aprobada con anterioridad a dicha modificación, en 2013, del Sistema Nacional de Cartografía de zonas Inundables del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI).
Tanto el Arquitecto Municipal, como el Arquitecto profesional libre han de constatar si el municipio está afectado por inundabilidad; incluso el calado que afecta al concreto solar o inmueble. Adjuntamos una pequeña guía de acceso y consulta a dicha cartografía, por si resulta de interés (Guia Consulta SNCZI)
La aplicación “visualiza”, que no informa ni certifica, la cota (nivel profundidad de agua (m), en su caso; que es la que hay que salvar con la intervención arquitectónica.
Pero además, resulta que, la “escala territorial” con la que se han realizado los mapas y las simplificaciones necesarias que requiere introducir el modelo digital utilizado, conlleva multitud de discordancias e imprecisiones difíciles de asumir por el nivel del detalle que requiere la escala local a la hora de conceder o denegar licencias urbanísticas en los ayuntamientos: viales donde la cota de inundación puede superar 2 metros y en los solares inmediatos colindantes de la calle adyacente dicha cota es de cero metros; calles donde las casas de un lado son inundables y las del otro lado no, etc. ¿Cómo va a explicar esto el técnico municipal al ciudadano a la hora de denegar a un señor la licencia y a su vecino de al lado no? (A modo de ejemplo)
Es interesante apuntar que, como en otras ocasiones a la hora de trasponer las Directivas Europeas, el Estado ha tomado la recomendación de Europa al pie de la letra y muy del lado de la seguridad, quizás sin medir adecuadamente sus consecuencias a todos los niveles, discerniendo adecuadamente diferentes situaciones.
De esta manera, donde la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (https://www.boe.es/doue/2007/288/L00027-00034.pdf) menciona como referencia mínima la de 100 años como periodo de retorno (ver art.6), el Estado Español ha establecido el escalón para fijar restricciones importantes normativas, que afectan a actuaciones de muy diferente envergadura, en períodos de retorno de 500 años, vinculando este periodo al concepto de “zona inundable”, lo que da unas superficies territoriales mucho más amplias en su afectación.
12 municipios de la Comunidad Valenciana, han recurrido la norma, al Tribunal Supremo, por entender la inaplicabilidad de la misma, por nulidad de pleno derecho al vulnerar la propia Constitución, el principio de reserva de ley y las competencias tanto del legislador básico estatal en materia de suelo y las urbanísticas autonómicas.
En definitiva, en algunas Cuencas, en las que no se ha realizado inversión alguna de encauzamiento, el Estado traslada el problema de no intervención “aguas arriba”, a los asentamientos urbanos históricos “aguas abajo”, ahogando su sustancial existencia, cercenando sus ancestrales derechos y causando un inmerecido e irreparable perjuicio jurídico –administrativo, que está originando una fuerte preocupación en los municipios afectados.
Francisco Taberner Pastor
Profesor Titular del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia

miércoles, 24 de mayo de 2017

[502] REDES DE CLIMATIZACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES

SEMINARIO REDES DE CLIMATIZACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES.
Hacia soluciones térmicas más eficientes 
Sede de la FEMP Calle Nuncio, 8‐Madrid  /  2 de junio de 2017
En Europa existen unas 5.000 grandes redes de climatización. En ciudades como Copenhague, Helsinki, Varsovia o Riga, estas redes satisfacen el 90% de la demanda de calor. Según el “Censo de Redes de Calor y Frío” elaborado por ADHAC (Asociación de Redes de Calor y Frío), y presentado por IDAE a finales de 2016, el número de redes de calor en España alcanza las 306 redes censadas con una potencia instalada de 1.219 MW. Las redes de climatización abastecen a 4.030 edificios en nuestro país, generando un ahorro de 180.000 t de CO2 y de un 82% de energías fósiles.
Por lo tanto, el desarrollo de esta tecnología supone, además una mayor eficiencia y comodidad para el usuario y para el gestor de la infraestructura, importantes ahorros anuales de energía primaria.
Con la celebración de este Seminario se pretende difundir la utilización de las redes de climatización como instrumento para mejorar la eficiencia energética de las Entidades Locales. En concreto, se expondrán casos de éxito de redes en funcionamiento y fórmulas de puesta en marcha de una red de climatización.

miércoles, 3 de mayo de 2017

[501] 3 DE MAYO. DIA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

El COAH por la libertad de prensa y la libertad de expresión
La libertad de Expresión y la Libertad de Prensa son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española, en concreto, la libertad de prensa es la existencia de garantías con las que los ciudadanos adquieren el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado y que toda persona pueda publicar sus ideas libremente y sin censura previa.
Cada 3 de mayo se celebran estos principios fundamentales. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender de los ataques sobre la independencia de los medios de comunicación, así como rendir homenaje a los periodistas que han fallecido en el ejercicio de su profesión. 
El 3 de mayo fue proclamado Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, según la Recomendación adoptada en la 26ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991: «Esta celebración es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad de prensa, así como recordarles que en decenas de países alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, algunas multadas, suspendidas o anuladas, mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.»
Es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa, y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo. En este sentido, cada año, Reporteros Sin Fronteras publica una clasificación de países en términos de su libertad de prensa. El cuestionario pregunta sobre ataques directos a periodistas y a medios y también sobre otras formas indirectas de presión sobre la prensa libre. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras: «Más de un tercio de la población del mundo vive en países en los que no hay libertad de prensa. Mayoritariamente, esta población vive en países en los que no hay un sistema democrático, o donde éste tiene serias deficiencias. El concepto de libertad de prensa es extremadamente problemático para estos países, ya que en la edad moderna el control estricto del acceso a la información se vuelve crítico para su subsistencia. Para este fin, la mayoría de los gobiernos no democráticos utilizan organizaciones estatales para financiar y/o promover propaganda crítica para mantener la base de poder político actual y suprimir (a menudo brutalmente) cualquier intento significativo de los medios o de periodistas individuales y sus fuentes, de desafiar la línea oficial del gobierno.»
Agradecemos que desde esta plataforma institucional siempre se hayan acogido nuestros escritos y comunicaciones con total respeto y libertad. Sin embargo, dado que en ciertos ámbitos se ha cuestionado el proceder de nuestra Junta de Gobierno por escribir artículos publicados en este medio sobre la libertad de expresión y el código deontológico, y dado que es un día para reflexionar mundialmente sobre estas cuestiones, queremos manifestar públicamente nuestro apoyo a la libertad de prensa y expresión, a la vez que nos parecería interesante hacer un cuestionario para valorar el estado de estos temas en los distintos Colegios de España. Así pues, propongámonos en los ámbitos institucionales, que este día nos sirva como un recordatorio igual que a los gobiernos, de la necesidad de respetar un compromiso con la libertad de prensa y profundizar la reflexión entre los arquitectos obre temas de libertad de prensa y de expresión, siempre ligada a la ética profesional y personal, sin que nuestro código deontológico, complemento al ordenamiento jurídico existente, pudiera servir de instrumento de censura a las libertades y ejercicio de derechos fundamentales, procurando su correcta aplicación como síntoma de probidad, transparencia o actitud de servicio público.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es un día de apoyo a los medios de comunicación que son el objetivo de ataques y restricciones que van en contra de su libertad de prensa. Es también un día de rememoración a los periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión y que esperamos, que en virtud de la responsabilidad de todos y el buen proceder de nuestros órganos e instituciones, nunca tuviera que servir para recordar que ningún compañero perdiese su habilitación profesional por expresar su opinión libremente, pedir información, discrepar o ver vulnerado su derecho constitucional al secreto de sus comunicaciones.
Los que integramos los órganos de Gobierno de nuestras instituciones tenemos el deber de reflexionar actuar con responsabilidad respecto de lo que nuestros colegiados y compañeros expresen y demanden. La crítica nos obliga a mejorar y nos ayuda a mantener la perspectiva, que a veces pudiera distorsionarse si permaneciésemos de espaldas o alejados de los que representamos. Discrepar no es incumplir, es un ejercicio democrático. La transparencia, la participación, la sana crítica y la discrepancia enriquecen el debate, las propuestas y el resultado final de los esfuerzos individuales y colectivos en beneficio del interés general.
Noemí Sanchís Morales. Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva

jueves, 27 de abril de 2017

[500] LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS Y EL EJERCITO DE PANCHO VILLA

Quien lleve ya un tiempo siguiéndonos será conocedor de que preferimos (mientras que nos dejen) anteponer la libertad de expresión a la publicación de solo aquello que compartamos al 100%. Huimos de emplear la estrategia del avestruz y en cambio nos gusta para mejorar aquello en lo que creemos referirnos al cuento del rey que estaba desnudo. Traemos aquí un extracto de una entrevista entre arquitectos hablando de los Colegios de Arquitectos. Stepienybarno preguntando a Jose María Echarte.
Stepienybarno: ¿Cuál es tu opinión sobre los Colegios de Arquitectos? ¿Cómo te los imaginas en un futuro?
Jose María Echarte: Sobre esto si que hemos escrito muchísimo. Mi opinión es que los colegios son mamuts en proceso de congelación glacial. Majestuosos y aparentemente firmes, pero con los días contadísimos. En esto hay que diferenciar el día a día, la intendencia, y la imagen general. En lo primero los colegios funcionan razonablemente bien, incluso muy bien, y son de gran ayuda para los colegiados. Sin embargo, en lo segundo seguimos empeñados en reparchear un galeón (lento, pesado, con exceso de calado para los puertos que tenemos que navegar) sin plantearnos que lo que quizá necesitemos es una lancha rápida. Ese debate fundacional no se ha producido y los cambios mínimos que nos llegan se basan en los recortes o en maquillajes puramente estéticos muy poco útiles cuando no, directamente, poco enseñables. La macroestructura del sistema es absurda, con Colegios de diferentes tipos que ni siquiera mantienen un criterio común con respecto a su ámbito de actuación, con estatutos de mil tipos (todos parecidos y todos diferentes) con sistemas electorales a galore, con procedimientos administrativos parecidos pero distintos que convierten cualquier proceso en un galimatías, con sistemas de visado digital no ya diferentes sino incompatibles entre si… traducido: El ejercito de Pancho Villa, después de nacionalizar una fabrica de tequila al asalto.
Por ejemplo: seguimos, a día de hoy, pensando en el visado y en buena medida muchos colegios siguen siendo –por voluntad propia- esclavos de esta dependencia inmobiliaria que los convierte en presas de los vaivenes del sector de la construcción y del mantenimiento legal de esa figura, que existía por razones históricas pero que ha perdido gran parte de su peso específico. Y, sin embargo, existen infinidad de trabajos que no requieren del visado y de profesionales que los ejercen que se sienten en numerosísimas ocasiones ajenos y alienados por una estructura que se mantiene inerme al cambio o lo acepta de forma excesivamente lenta. ¿Qué ocurre con los editores? ¿Los calculistas? ¿Los urbanistas? En el mejor ejemplo… ¿Qué ocurre con los técnicos de la administración? No ha habido asamblea a la que haya asistido en la que no se los pusiera a escurrir, se les han subido las cuotas… muchos se han dado de baja, hastiados… así, cuando se plantean medidas para protestar contra la LSCP: ¿Es viable una huelga en la que el personal funcionario de tu sector profesional no está ni se le espera porque lo has expulsado de forma más o menos encubierta?
No tengo muy claro cual es el futuro, probablemente pase por una refundación tremendamente radical que creo que será mejor si la ejecutamos nosotros que si nos viene impuesta por las circunstancias o por el colapso… Necesariamente pasa por una vuelta a poner en valor del hecho de que los Colegios son corporaciones de derecho público, es decir: Que su razón de ser está en servir a la sociedad, algo que hemos olvidado perdidos en demasiados clichés y rémoras del pasado de las que se podría perfectamente prescindir o sobre las que –como mínimo- debería existir un debate productivo.

martes, 18 de abril de 2017

[499] ARQUITECTURA PARTICIPATIVA. MEDIAS CASAS PARA REALOJO FAMILIAR

Uno de los retos sociales de Alejandro Aravena esta relacionado con hacer la vida más fácil a muchas familias necesitadas. En Iquique, una ciudad en el norte de Chile, había que realojar a un centenar de familias en un solar de 5.000 m² y con un presupuesto por familia de unos 10.000 €. En este presupuesto se debía incluir la compra del terreno, la construcción de la vivienda y las infraestructuras necesarias. Con estas restricciones sólo permitía la construcción de viviendas de unos 40m², muy pequeñas para el tamaño medio de las familias. Lo habitual es que familias de ese tamaño vivieran en casas de unos 80m². Además, los usuarios se negaban por completo a vivir en pisos, porque eso les impedía ampliar su vivienda en caso de que lo necesitaran.
Ante semejante reto Alejandro decidió involucrar a las familiar en la búsqueda de soluciones. Las familias llegaron a una conclusión, no era posible que les construyesen las viviendas que necesitaban. Sin embargo, sí que era posible que les construyesen media casa como la que necesitaban y después cada familia podría ampliarla en función de sus necesidades.
De este modo, el gobierno construyó a cada familia una media casa que incluía la estructura y las partes más básicas y funcionales de la vivienda. A partir de ahí, y utilizando la capacidad constructiva de cada familia, los usuarios se dedicaron a ampliar cada casa en función de sus necesidades.
Este reto sólo fue posible superarlo con la colaboración de los usuarios: desde la concepción de la idea de las medias casas hasta la ampliación de las mismas usando sus propios recursos.
En ambos casos, retos que parecían casi imposibles de solucionar fueron posibles gracias a la participación de los usuarios: indicando las restricciones del problema, recomendando mejoras a los prototipos, haciendo propuestas y hasta completando el producto final. Cuando en las empresas nos enfrentamos al reto de desarrollar un nuevo producto, resulta imprescindible conseguir la participación de los usuarios. Así tenemos más probabilidades de ofrecer lo que los usuarios están buscando y tener éxito en el lanzamiento.

lunes, 10 de abril de 2017

[498] RAZONES POR LAS QUE ESTUDIAS O ESTUDIASTE ARQUITECTURA

1. Porque dormir más es vivir menos
2. Porque el látigo y la cera caliente en el pecho ya me aburrían
3. Porque he escuchado todos mis cd´s en una noche
4. Porque he escuchado el mismo cd 80 veces en una noche
5. Porque sé modular, seccionar y explosionar lo que tenga por delante
6. Porque puedo ver espacio donde tú sólo ves vacío
7. Porque la vida son 4 días y a mi me sobran 3
8. Por no tirar el compas semi-profesional de la comunión
9. Porque me dí un golpe en la cabeza y ví tantas estrellas, que pensé que tenía visión espacial
10. Porque no sabía qué hacer con mi tiempo libre
11. Porque el que vale, vale, y el que no pa ADE
12. Porque era la primera carrera en el librito informativo
13. ¿Pero esto no va por la letra del DNI?
14. Porque cuando me fui a matricular ponía: Licenciado, Diplomado o Arquitecto
15. Porque yo decidiré dónde vivirás
16. Porque la arquitectura es un gran hermano que siempre te rodea
17. Porque... porque... ¿¿¿¡¡¡PORQUÉ!!!??? PORQUÉEEEE??? Eso me pregunto yo a todas horas...
18. Porque una vez leí que mueres a las 72 horas sin dormir... necesitaba comprobarlo...
19. Porque no quería desperdiciar 8h de cada día de mi vida durmiendo
20. Me encanta estar en el bar, las fiestas de la uni... y sólo en esta carrera puedo estar haciendo esto hasta los 40
21. Porque aquí sí que hay mujeres/hombres guapas/os
22. Porque tenemos 3 semanas de vacaciones cuando todos están de exámenes
23. Porque me gusta eso de tener 4 ó 5 horas de examen y que aún te falte tiempo
24. Porque me encanta cenar cuando veo amanecer
25. Porque el red bull es adictivo
26. Porque mi madre me quiere en casa
27. Porque era joven e inexperto y no sabia donde me metía
28. Porque quería aprender a utilizar el rotring! Antes de atreverme con el ordenador!
29. Porque me cansé de aprobar
30. Porque me gustan los ataques de nervios y vivir al borde del suicidio
31. Por amor al arte
32. Porque me encanta usar las enormes carpetas como armas "aparta-gente" en los autobuses
33. Porque las pobres papelerías no podrían sobrevivir sin nosotros
34. Porque soy masoquista
35. Porque de algo hay que morir, y como no fumo
36. Porque un croquis vale mas que mil palabras
37. Porque no deberían de dejar firmar pre inscripciones cuando vas borracho y tus amigos te dicen "¡¡Te faltan huevos a meterte a Arquitectura!!"
38. Porque me van las preguntas de 5 puntos y 3 folios
39. Porque yo crearé tu mundo
40. Porque fue una revelación y me sabía mal no hacerle caso
41. Porque me encanta pasar horas y horas rayando a 45º y luego ver el mismo 4 de siempre estampado en mi lamina42. ¡¡¿ARQUITECTURA?!!, ¿Pero esto no es turismo?...ya decía yo que trabajaba demasiado
43. Siempre he estado enamorada del profesor de Diseño Arquitectónico I .... de ahí mi insistencia en no abandonar su curso
44. Porque llevar gafas (lentes) es de modernos y rayar durante 3 horas contribuye a ello
45. Porque dudaba entre esto o la legión y me dan miedo las cabras
46. Porque quería inventar una paranoia que ni los psicólogos pudiesen encontrar solución
47. Porque sé calcular el centro de gravedad y el eje de giro de cualquier cosa que se caiga a mi alrededor
48. Yo escuche que se hacían muchas rayas, y a mi la coca me pierde
49. Para tener batallitas que contarles a mis nietos
50. Porque quería saber si mis dientes son un empotramiento sin armaduras
51. Porque es una carrera estupenda e incomparable, ¿esto lo leen los profesores?
52. Porque [sapigueu que sóc capullo] mmmm.....¿por qué?....oops, creo que tengo un problema, no tiene ningún porqué lógico, mierda!
53. Porque el memo de mi cuñado es Arquitecto Técnico
54. Quería ser como Ricardito Bofill
55. Porque no tenia vida social antes de entrar, así que me he ahorrado perderla ahora
56. Porque siempre he sido aficionad@ al material de papelería y así obligo a mis padres a pagármelo
57. porque me sentía raro raro raro y me busque una carrera para paranoicos
58. Porque se lo dices a la gente y con cara de pena te dicen "Uuffffffffff, esa carrera es dura, no?"
59. Porque IMPOSSIBLE IS NOTHING
60. Porque...no se...algo bueno tiene, pero... es difícil de explicar
61. Porque la policía no puede fichar mis huellas dactilares de tantas veces que se me han quedado pegados los dedos con superglue. :D jajaja

viernes, 7 de abril de 2017

[497] EJERCICIO PROFESIONAL POR CUENTA AJENA. EL ARQUITECTO ASALARIADO

Muchos arquitectos ejercen su profesión por cuenta ajena: en estudios de arquitectura, ingenierías, empresas constructoras, promotoras inmobiliarias y otros. Son los Arquitectos Asalariados.
Esta forma de ejercicio presenta una serie de peculiaridades, problemas y oportunidades. Para hablar de ellas, de la situación actual del mercado laboral de los arquitectos, de su participación en el COAM, se convocó esta Jornada.
Se estructuró en un primer bloque de ponencias a cargo de expertos, al que siguió un debate abierto con participación de los asistentes.
Programa
■ Presentación de la Jornada por Jose Mª Ezquiaga Domínguez, Decano del COAM
■APSE. Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos, Convenio de Ingenierías y Oficinas.
Contratos laborales de aplicación.
Carlos Arranz Ayuso. Abogado
■AUREN. Propiedad intelectual de la obra arquitectónica bajo un contrato laboral.
Elena Ordúñez. Abogada-Gerente de AUREN
■ASEMAS. La Responsabilidad Civil. Seguros.
Carmen Jiménez Alcaraz. Consejera de ASEMAS
■U.G.T. Mercado laboral, situaciones de irregularidad.
Eduardo Herreros Andrés. Responsable de Ingenierías y Acción Sindical del Sindicato de Oficinas.
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT)
■COAM. La colegiación. Deontología.
Pablo Arauzo, Letrado jefe de la Asesoría Jurídica del COAM
■Mesa coloquio
Modera: Norberto Beirak Kohan, Tesorero de la Junta de Gobierno del COAM

miércoles, 5 de abril de 2017

[496] ANTEPROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE ANDALUCIA

El pasado 23 de marzo se publicó en la web de la Junta de Andalucía la consulta previa dentro de los procesos participativos en proyectos normativos. Junto a esta publicación se han celebrado en todas las provincias de Andalucía una jornada sobre "Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía" que en la provincia de Cádiz se celebro el 21 de febrero con la participación de colegios profesionales, empresarios, sindicatos, partidos políticos, ecologistas y consumidores a través de los representantes de las distintas organizaciones.
Una nueva LOUA es asunto de inmensa trascendencia, no solo para los profesionales, en el ejercicio libre o en la administración, sino para todos los ciudadanos.
Es por ello que entiendo que semejante pretensión debería tener innumerables páginas de prensa, escrita o digital, y no digamos una permanente presencia en redes sociales, y supongo que las innumerables circulares de nuestros Colegios de Arquitectos.
Sin entrar en la idoneidad o no de una nueva LOUA (anteproyecto), sobre lo que habría mucho que opinar y debatir, os invito a una participación activa y masiva en este proceso, para lo que se dispone de un correo electrónico de la Junta de Andalucía con un plazo hasta el 24 de abril. 
Sin embargo, os propongo participar a través de este blog de la UAAAP mediante comentarios, para conocimiento de todos los interesados no solo de Andalucía sino del resto de España, y sobre todo que nos sirva de debate a todos aquellos que estamos comprometidos con el urbanísmo, la ordenación del territorio y el desarrollo y futuro de nuestras ciudades y pueblos.
Conforme se aproxime la fecha de finalización del plazo de participación resumiremos este proceso participativo de la UAAAP y mediante una breve encuesta decidir la remisión en su caso de dicho proceso a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
PARTICIPA (correo electrónico, nombre y apellidos o razón social, y en su caso autorización para remitir los comentarios a la administración) porque no conviene olvidar como se lee últimamente en las redes sociales:
"LOS ARQUITECTOS COLEGIADOS CREEMOS QUE NUESTRO FUTURO DEPENDE DE QUIENES NOS GOBIERNAN, PERO NO ES VERDAD, DEPENDE DE LO QUE CADA UNO HAGA Y DE LO QUE HAGAMOS ENTRE TODOS."
Jesus Bueno. Arquitecto de la Diputación de Cadiz

miércoles, 29 de marzo de 2017

[495] REHABILITACIÓN, POR SUPUESTO, PERO CON UNA VISIÓN INTEGRAL

Desde un punto de vista conceptual, un edificio puede definirse como un objeto complejo constituido por varios sistemas, cada uno con su propia lógica, y que a la vez han de ser compatibles entre sí. Mediante la combinación de las prestaciones que ofrecen esos sistemas (esqueleto resistente, envolvente, compartimentación, acabados, instalaciones, etc.) se satisfacen los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y salubridad que, con sus distintos niveles y enfoques, son inherentes al propósito de construir. Todo ello dentro de un contexto tan rico como complicado que abarca un elenco variadísimo de campos: legal, normativo, urbanístico, funcional, técnico, histórico, simbólico o cultural.
Si se me permite la analogía, un edificio –incluso en el nivel más elemental de una simple vivienda aislada- es algo así como un crucigrama: un conjunto de palabras, sometidas a las correspondientes reglas ortográficas, se ensamblan para formar una unidad superior y coherente. Cualquier modificación de una letra supone también una recomposición general.
Como bien sabemos los arquitectos, la tarea de proyectar consiste básicamente en la búsqueda de las alternativas más eficaces, en todos los sentidos, para conciliar los sistemas constituyentes del edificio.
Planteo esta reflexión porque, a mi parecer, resulta pertinente y oportuna en el momento actual. Previsiblemente, la rehabilitación del parque inmueble existente va a alcanzar un peso en el sector de la construcción muy superior del que ha tenido hasta ahora. Este cambio impone a los profesionales un esfuerzo de adaptación de sus conocimientos. La mejora del confort térmico y acústico, la eliminación de barreras, la sustitución de materiales obsoletos o insalubres, la adaptación de los programas funcionales a la composición sociológica actual o venidera, la preservación de los rasgos tipológicos o ambientales que con el tiempo han adquirido la categoría de invariantes son algunas de las muchas tareas que los arquitectos y otros agentes partícipes en el sector de la construcción habremos de afrontar en un futuro inmediato. Esta nueva perspectiva apunta hacia una especialización temática. Sin embargo, la necesaria profundización en el conocimiento de áreas concretas no debiera debilitar la visión global del edificio entendido como un todo que integra armónicamente sus partes.
Conviene que cualquier intervención, por pequeña que sea, se plantee con una visión integral. Un caso obvio es la rehabilitación energética de fachadas o cubiertas pues esta operación implica la toma de decisiones que afectan a la imagen pública del inmueble y a su integración, armónica o desafortunada, con el entorno. Pero hay muchos más vínculos y, con frecuencia, menos notorios y no por ello intrascendentes.
Las políticas vigentes hoy día a favor de la mejora de la accesibilidad o de la eficiencia energética, cuya necesidad es innegable, no deben materializarse mediante el sacrificio deliberado o involuntario, por ignorancia o por un enfoque parcial, de otros parámetros y de los valores arquitectónicos de los edificios.
Eloy Algorri García.
Secretario General del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
Fuente: CSCAE 

viernes, 24 de marzo de 2017

[494] VENTILACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

La eficiencia energética en los edificios es uno de los factores clave a la hora de plantear un nuevo diseño o una acción de rehabilitación. A menudo al plantearnos un diseño arquitectónico eficiente la estrategia se centra en abordar el diseño de mínima demanda energética (térmica y eléctrica) mediante la optimización del aislamiento, la captación de energía gratuita o el uso de energía solar, sin que se preste la debida atención al diseño óptimo de la ventilación del edificio.
La ventilación del edificio o vivienda es un requerimiento para garantizar el confort y la salubridad en el interior del mismo además de estar exigido legalmente en el Código Técnico de la Edificación, concretamente en el DB HS sobre salubridad. Esta necesidad de ventilar viene dada por la presencia de contaminantes en el aire interior que son debidos fundamentalmente a la propia presencia humana. Los gases, en forma de CO2, COVs (compuestos orgánicos volátiles) u otras sustancias, como partículas en suspensión o vapor de agua, se eliminan introduciendo aire fresco del exterior, que puede además ser previamente filtrado o acondicionado. Este aire exterior supone una importante carga energética del edificio ya que se encuentra a las condiciones exteriores de temperatura y humedad y debe acondicionarse a los requisitos térmicos interiores, con el consiguiente importante consumo de energía. Para reducir al máximo el consumo energético debido a la ventilación, que supone, dependiendo del uso, entre un 10% y un 35% del consumo térmico total, se deben seguir varias estrategias de diseño y operación, que influyen además en otros sistemas como la climatización.
Tipos de sistemas de ventilación y su eficiencia energética
Los sistemas de ventilación pueden ser de tipo natural (el aire penetra en el interior del edificio en función de las diferencias de presión y temperatura), usando para ello rejillas o sistemas similares, o mecánica. En el caso de un sistema de ventilación mecánica un ventilador controla la entrada de aire en el edificio, mediante sistemas de rejillas o usando conductos, que pueden colocarse tanto en la aspiración como en la extracción. El uso de un sistema mecánico es el único que puede garantizar los caudales de renovación mínimos requeridos, al venir controlado este caudal de forma mecánica. En un sistema de ventilación natural no tenemos garantía de que el caudal sea demasiado bajo o excesivo.
Los sistemas de ventilación mecánica, para maximizar la eficiencia, pueden incorporar dos tecnologías adicionales: la ventilación mecánica controlada y la recuperación de calor.
Los sistemas de ventilación mecánica controlada regulan el caudal de aire introducido en el edificio usando una regulación que puede ser horaria, por presencia, por detección de contaminantes o combinación de estos u otros sistemas. La medición de nivel de calidad del aire es el sistema que maximiza más la eficiencia energética, al regular el aire de ventilación al estrictamente necesario, reduciendo por lo tanto el consumo energético.
En un sistema de ventilación mecánica que usa conductos, ya sea a nivel centralizado (vivienda en bloque) o individual (vivienda unifamiliar) puede incorporar un recuperador de energía. El recuperador de energía recupera energía del aire que se extrae del edificio y la transfiere al aire de ventilación, que se introduce en el edificio, reduciendo por lo tanto el consumo de energía para atemperar el aire de entrada. Este sistema usa además ventiladores de alta eficiencia energética, controlados electrónicamente, que regulan la velocidad de giro y el caudal a lo requerido en cada momento.
Usando estos sistemas de forma combinada logramos controlar por una parte el aire introducido y adaptarlo al máximo y por otro lado recuperamos la energía térmica contenida en él antes de eliminarlo. Esto supone una importante reducción en el consumo energético del edificio y una mejora del confort de los usuarios, ayudando además a solventar otros problemas que se producen habitualmente, como las humedades. Las humedades interiores suelen estar originadas por una elevada presencia de vapor de agua, que, al condensar por alcanzarse el punto de rocío, genera problemas estéticos y de salubridad.
La elección de un adecuado sistema de ventilación, combinado con un equipo eficiente de climatización, como bombas de calor geotérmicas, sistemas de baja temperatura de gas natural y otras tecnologías, puede reducir el consumo energético del edificio en aproximadamente el 25% y debe ser cuidadosamente estudiado tanto en edificio nuevo como en rehabilitación.

Equipo técnico de S&P

martes, 21 de marzo de 2017

[493] CUANDO SE CONSIENTE EL URBANISMO NO PLANIFICADO. CHICLANA (CADIZ) 16.000 VIVIENDAS POR REGULARIZAR

El pasado jueves 16 de marzo, se celebraron unas jornadas sobre "Proceso de regularización de viviendas en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Nuevo marco normativo" organizado por el grupo editorial Joly y al que asistieron más de 200 personas. Entre los ponentes, nuestro compañero Miguel Angel Gonzalez Fustegueras, redactor del PGOU de Chiclana, que disertó sobre "Principios rectores para la regularización de viviendas" que de manera breve y personal comento a continuación.
Estos principios, TRES+UNO, conocidos por todos y no trasmitidos con la suficiente claridad y contundencia por los sectores implicados: propietarios, alcaldes y concejales, técnicos, asociaciones de diferente índole, son los siguientes:
PRIMERO: La regularización se realiza al amparo de la Ley, que se concreta en el PGOU. Sin plan general no es posible la regularización. Es el Plan el que fija la parcela mínima, la edificabilidad, el aprovechamiento medio, las cesiones, las condiciones de la urbanización, etc. Es el Plan quien marca la pauta para los procedimientos de regularización, y por tanto la posibilidad de legalización plena o el asimilado a fuera de ordenación, con lo que ello significa de adquisición de derechos de los propietarios.
SEGUNDO: No todo es regularizable. Y no sólo por la abundante normativa sectorial, sino en muchos casos por la lógica aplastante de las situaciones y el sentido común. Zonas inundables, laderas inestables, acantilados, ocupación de dominios públicos o servidumbres de los mismos, evidentes situaciones de riesgos de incendios forestales, etc. son algunas de las múltiples situaciones existentes. Frente a esto hay diferentes soluciones, desde las modificaciones legales oportunas, la desafectación o trazados alternativos de dominios públicos (cañadas, descansaderos), medidas correctoras en materia de depuración de vertidos, contraincendios, accesibilidad, incluso equipamientos en SNU, hasta sin lugar a dudas las expropiaciones y demoliciones necesarias. Hace falta voluntad para deshacer el caos tolerado.
TERCERO: Todos los costes son obligación de los propietarios. TODOS, incluso las conexiones exteriores, y por supuesto (quien lo duda) las cesiones obligatorias, zonas verdes, equipamientos y la puesta a disposición del 10% del aprovechamiento medio para los fines previstos, entre otros, viviendas en régimen de protección. Quizás sea este principio el único que los propietarios reconozcan y en cierta forma el único que les preocupa a los municipios "no pagar y lo mío" Estos costes, como todos sabemos suelen ser elevados y dependen del valor del suelo (y otros factores), de los requerimientos de la urbanización y sobre todo de la financiación. Es aquí donde existen más "facilidades y posibilidades de intervención" (en función de la financiación y endeudamiento municipal), pero se requiere imaginación y buen hacer, como inversiones del municipio en uno o dos cuatrienios con carencia, cuotas y amortización a 50 años a los propietarios, de manera similar a las ayudas públicas a las promociones de viviendas en alquiler, donde por ejemplo nunca se revisa los ingresos de los inquilinos.
CUARTO: Influencias que los asentamientos ocasionan al resto del municipio. Este principio, tanto si se procede a la regularización o no, es en general ignorado, pero sin duda es de vital importancia tanto por los costes que se ocasionan en el conjunto del municipio como por la propia logística de los servicios públicos. Desde la ampliación de los servicios de recogida de RSU, las ampliaciones de depósitos de agua, redimensionado de EDAR, transporte público, servicios contraincendios, etc. hasta la dotación de equipamientos públicos, muy especialmente una vez regularizados los asentamientos urbanísticos, como colegios, centros de salud, deportivos, zonas verdes, etc.
POR ÚLTIMO, entender que el urbanismo no planificado, consentido y tolerado, no es una fuente de ingresos (IBI, otros impuestos y tasas) de los municipios, sino una carga económica (servicios que de una forma u otra se prestan), que vulneran cualquier principio de igualdad entre ciudadanos, propietarios, empresarios, etc. debe hacernos comprender la concienciación absoluta con la DISCIPLINA URBANÍSTICA, con multas que se cobren en ejecutiva, expropiaciones, demoliciones, embargos de propiedades, y centenares de medidas fáciles de ejecutar por la administración, de manera claramente coercitiva, y que sin duda frenaría esta demanda y oferta fraudulenta.
PARA CONCLUIR, no hay que olvidar el origen y génesis de los asentamientos (variado y complejo) la lentitud en la tramitación de los instrumentos de planeamiento (que en muchas ocasiones quedan obsoletos), las restricciones injustificadas al crecimiento (POTA y otros) con la escusa de la planificación, especulación o modelo de ciudad, las políticas públicas de viviendas y suelo (de escasa eficiencia en muchos supuestos), ….. pero esto será cuestión de otros debates.
Jesus Bueno Posadas. Arquitecto de la Diputación de Cadiz

lunes, 13 de marzo de 2017

[492] GEOGRAFÍA DE BLOGDELAUNION

Tras más de 6 años en la Red, queremos compartir con todos nuestros seguidores este dato estadístico de las 100 principales localizaciones de las mas de  3.000 que tenemos registradas.

miércoles, 1 de marzo de 2017

[491] PLANEAMIENTO URBANO PARA AUTORIDADES LOCALES

Desde ONU-HABITAT nos llega la guia "Planeamiento Urbano para Autoridades Locales". Esta guía se ha diseñado para cubrir la brecha entre la dimensión técnica y la dimensión política del planeamiento urbano, así como para ayudar a las autoridades locales a comunicarse mejor con sus departamentos de planeamiento y formular preguntas más concretas. Muy a menudo la planificación se ha desconectado de la realidad del día a día y de las necesidades de los ciudadanos. Esta guía ofrece consejos prácticos y una visión de cómo los líderes del mundo pueden tener éxito en el aprovechamiento de las capacidades y conocimientos de las comunidades, los profesionales y el sector privado, haciendo frente a las necesidades urgentes de desarrollo urbano. Es necesario un nuevo enfoque de planificación, en el que los líderes locales se dediquen principalmente a la configuración del futuro crecimiento de nuestras ciudades. Creemos que esta guía no sólo creará conciencia y fortalecerá las capacidades, sino también brindará orientaciones para futuras iniciativas en este sentido. Como parte de la Campaña Urbana Mundial, ONU-Habitat ha lanzado la campaña “Yo mejoro mi ciudad”, cuyo objetivo es promover un desarrollo urbano sostenible y crear conciencia entre los ciudadanos para un mejor futuro urbano. Esta publicación, sin duda, servirá como una base importante en esta plataforma para el cambio, preparando y motivando a comunidades, socios y sus autoridades en todo el mundo.

martes, 21 de febrero de 2017

[490] TODAS LAS REVISTAS DE URBANISMO DEL COA DE MADRID DIGITALIZADAS

La Fundación Arquitectura COAM pone a libre disposición, en su página web, todos los números digitalizados de la revista Urbanismo, publicada por el COAM entre mayo de 1987 y febrero de 1998 con la intención de complementar a la revista Arquitectura como segundo vehículo informativo de la entidad, incidiendo en el ejercicio profesional del arquitecto dentro del campo del urbanismo, tanto en las áreas del diseño y el planeamiento urbano como en ciertos aspectos de la ordenación del territorio. Podrán consultarse tanto los números completos como los 579 artículos de la revista mediante los correspondientes buscadores por sus 464 autores o por su título o palabra clave del mismo.
Esta revista de periodicidad cuatrimestral publicada por el COAM entre mayo de 1987 y mayo de 1995 con la intención de complementar a la revista Arquitectura en el ejercicio profesional del arquitecto dentro del campo del urbanismo, profundizaba en las áreas del diseño y el planeamiento urbanos, así como en ciertos aspectos de la ordenación del territorio. La revista Urbanismo, editada por el COAM, se publicó entre el mes de mayo de 1987 y una fecha indeterminada de 1998, arrojando una cifra total de 33 ejemplares a lo largo de doce años. Tuvo inicialmente tres directores: Abel Enguita, Fernando Nasarre y Luis Rodríguez-Avial. Rodríguez-Avial permaneciendo hasta el nº 25 y Nasarre continuando hasta el 28, incorporándose en los dos últimos números José Ignacio Gómez Cuesta y Ana Perpiñá. La revista fue indizada en el Avery Index, en el RIBA, Urbamet y Urbaterr. Se trataba de una publicación muy homogénea y regular en el sentido de presentar un desarrollo coherente desde un principio, ya que solía mostrar un núcleo principal en torno a un tema determinado, sobre el que se ofrecía una diversidad de enfoques y ejemplos, para completarse con una serie de secciones que cubrían la historia del Urbanismo, con frecuencia a través del análisis de personajes fundamentales en la disciplina; el aspecto jurídico, que versaba normalmente sobre el propio tema de fondo y sostenían siempre los mismos especialistas en derecho; los libros recién editados y comentados también por importantes urbanistas; el planeamiento, que abarcaba distintas escalas, desde el medio rural a la ordenación del territorio pasando por ciudades de pequeña, media y alta densidad; el punto de vista, que se abría a la voz exterior con opiniones encontradas; la participación explícita de las cátedras de Urbanismo en las Escuelas de Arquitectura nacionales a través de los artículos de sus docentes, etc.

miércoles, 8 de febrero de 2017

[489] I ENCUENTRO DE ARQUITECTOS “POR UNA ARQUITECTURA DESDE Y PARA LA SOCIEDAD”. SEVILLA FEBRERO 2017

La Fundación FIDAS y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, organizan el I ENCUENTRO DE ARQUITECTOS “POR UNA ARQUITECTURA DESDE Y PARA LA SOCIEDAD” y  la I REUNIÓN CIENTÍFICA “SOCIEDAD Y ARQUITECTURA, LA CIUDAD DE CALIDAD, LA CIUDAD DE TODOS”. Ambos eventos se celebrarán los próximos días 16 y 17 de Febrero, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Desde blogdelaunion aplaudimos esta iniciativa colaborativa que va a favorecer la participación conjunta, el análisis y el debate de los agentes sociales, los colectivos, la sociedad civil, las administraciones públicas y los profesionales sobre aspectos tan importantes para la Sociedad como son los de promover persistentemente la justicia social que garantice el derecho a la vivienda y a la calidad del medio construido en el que se desarrolla su actividad diaria.

domingo, 29 de enero de 2017

[488] LA FUNCIÓN PÚBLICA. EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Hay textos en la Red por los que por su brillantez y clarividencia parece que no debieran tener fecha de publicación porque sus asertos se extienden tan obviamente en el tiempo que nunca debieran ser tildados de desfasados. Este es el caso de la conferencia que el 20 de enero de 2011 pronunció el arquitecto Salvador Moreno Peralta para inaugurar un curso formativo sobre la figura del arquitecto municipal y su labor en la actividad urbanística de la administración local. 
"Si uno entra en Internet tecleando el término ‘arquitecto municipal’ podrá comprobar que casi el 90% de los casos son referencias a actividades delictivas de estos profesionales aparecidas en la prensa estos últimos años. No es, ni mucho menos, el único caso en el que este archivo de la memoria planetaria que es Internet te sitúa ante un panorama desolador o, cuando menos, distorsionado. Hoy es imprescindible acudir a la Red en demanda de información, pero ésta, por sí sola, no nos proporciona el conocimiento, si no es a través de ese filtro intelectual que es el criterio, discernimiento racional para conocer la verdad, que es una pauta de conducta cada vez más escasa, pues una de las mayores paradojas de la Historia se está dando precisamente en nuestros días: el ciudadano, abrumado por no poder procesar personalmente toda la información a su alcance, se entrega a las cómodas certidumbres del tópico o, sencillamente, deja que piensen por él las grandes instancias político mediáticas. Nunca tanta información generó más ignorantes y nunca el tópico nos instó con más razones a que apartáramos de nosotros la funesta manía de pensar. Así pues, si en el catecismo del Google aparecen con el soniquete de las fechorías de los arquitectos municipales, es que los arquitectos municipales son unos facinerosos, punto, y pretender defender su figura será poco menos que una herejía, pero ser hereje, ahora y siempre, ha sido una de las pocas cosas decentes que se ha podido ser en la Historia, así que vamos a ello aunque acabe uno abrasado en la hoguera de la corrección política.
Aún cuando no tengan la acendrada tradición de algunos cuerpos nacionales, como, por ejemplo, los Secretarios o los Interventores de los Ayuntamientos, la figura del Arquitecto Municipal como funcionario público tiene ya una bien ganada historia. Ingenieros civiles y militares, maestros de obras y arquitectos municipales están detrás de las grandes obras públicas de la Ilustración. Todas las grandes capitales de España pueden exhibir la obra de unos arquitectos municipales que dejaron su impronta en la construcción de la ciudad moderna de una manera tan indeleble en su fisonomía como discreta en la proyección pública de sus autores. Por ceñirnos a nuestra ciudad baste recordar que su centro histórico decimonónico -esa parte de ella de la que nos sentimos más orgullosos- es la obra de los arquitectos municipales Cirilo Salinas, Juan Nepomuceno Ávila, Joaquín de Rucoba o Gerónimo Cuervo, entre otros. Y ya en el siglo XX, Daniel Rubio o José González Edo, los cuales, con más importancia aún que sus obras arquitectónicas, nos dejaron unos primeros planes de ordenación urbana que, a pesar de lo poco que de ellos se realizó, encauzaron el desarrollo de una Málaga actual de cuyas trazas aún somos tributarios. Pero diciendo esto, y sin quererlo, estamos deslizándonos hacia un aspecto muy parcial de la figura del Arquitecto Municipal, esto es, el de las grandes capitales de más de 50.000 habitantes, integrados en unas entidades corporativas de gran envergadura, con frecuencia hipertrofiadas, como son los grandes Ayuntamientos con su estructura de Servicios Técnicos o sus Gerencias Municipales de Urbanismo. De los 8.112 municipios de España sólo 8.017, es decir, casi un 99%, tenían censada una población menor de 50.000 habitantes. En muchos de esos ayuntamientos no hay arquitecto municipal, sino que pertenecen a consorcios y mancomunidades y, en los que hay, como describe no sin ironía Rafael González Millán, vocal-secretario de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos de la Administración Pública, el pobre arquitecto puede en un mismo día informar de la existencia de una vía pecuaria en un plan parcial, recibir a un ciudadano al que su vecino le ha abierto una ventana hacia su patio, informar de un expediente de ruina y reunirse con el sr. Alcalde y con una empresa multinacional que va a invertir en el municipio más de 24 millones de euros. En estos municipios el arquitecto municipal no tiene escapatoria: sus obligaciones le persiguen con la inmediatez de los problemas esperándole a la puerta de sus despachos, saltando de un tema a otro con la obligación de saber mucho de todo -del Código Técnico para las obras que tenga que realizar o supervisar, de construcción para los expedientes de ruina, de infraestructuras para un problema de saneamiento, de legislación urbanística para aplicar Leyes imposibles perpetradas desde oficinas autonómicas desconectadas de la realidad, de todo tipo de leyes sectoriales, del Código Civil y del Penal, velando por una disciplina urbanística en territorios de cientos de hectáreas para cuya supervisión y control sólo se dispone de una pareja de guardias municipales…- y todo ello con la espada de Damocles de un SEPRONA y unos medios de comunicación inmisericordes con cualquier irregularidad urbanística que alimenta el tópico de la corrupción municipal ligada a la ya tradicional insuficiencia de la financiación pública de las haciendas locales.
No tiene ningún sentido que hablemos aquí de la práctica espuria del Arquitecto Municipal como funcionario público. Negar esa práctica sería tan absurdo como negarla en el sector privado o en cualquiera otra profesión, y el mundo en el que vivimos no es precisamente un mundo ideal. Las actitudes antideontológicas son conocidas de todos y los escándalos urbanísticos, en los que tantas veces se han visto envueltos arquitectos ligados a la Administración han saltado a la luz pública, con buenas dosis de hipocresía, mucho tiempo después de que el sistema los haya tolerado como condición misma para su propio funcionamiento. 
Cuando mi amigo Paco Carreras me propuso dar la conferencia inaugural de este curso justificó el encargo en razón de mi supuesta experiencia profesional a ambos lados de la mesa, desde el Ayuntamiento, como arquitecto y primer Gerente Municipal de Urbanismo, y desde el ejercicio libre de la profesión, es decir, por un lado como representante y ejecutor de la función pública y, por otro, como socarrona y entrecomilladamente me escribía, “sufridor” de ella. Que a nadie le quepa duda de que este calificativo de “sufridor” no entrañaba nada despectivo ni crítico, sino una manera simpática y coloquial de describir el papel supervisor que desde la instancia pública se ha de tener sobre los actos de los ciudadanos, tutelando como un gendarme la observancia de las leyes. Pero define bien la situación incómoda en la que se encuentra un arquitecto municipal. Ya sé que, sobre todo en épocas de crisis, tenemos la tendencia a no ver en el arquitecto funcionario público más que a un profesional que, a cambio de renunciar al sobresaltado, pero excitante, ejercicio libre de la profesión, se refugia en la comodidad de un sueldo fijo con los derechos acumulativos de sus años de ejercicio. Pero pocos piensan en las motivaciones altruistas de esa opción, en las responsabilidades que conlleva y en la preparación profesional exigida para el desempeño de sus funciones. Estoy seguro de que entre muchos de estos profesionales habrá cundido a menudo el desánimo: no se encuentran suficientemente respaldados por los colegios profesionales que, más allá de su crisis actual, han tenido siempre una tendencia a representar más a los colegiados en el ejercicio libre y, por otra parte, se han visto muy a menudo, en tanto que “fedatarios prudentes de la Ley”, como los verdaderos ‘malos’ de la película, una especie molesta en la aplicación de la legislación vigente, molestos de cara a sus alcaldes y molestos de cara a los ciudadanos y, sobre todo, de sus colegas, que les ven con una injustificada displicencia como si la práctica privada de la profesión confiriera una cierta primacía con respecto al tópico de quien, por “no estar en la calle”, no alcanza a tener un conocimiento cabal de lo que entraña la verdadera experiencia profesional.
No es fácil deshacer ese tópico. Pero lo cierto es que el arquitecto municipal afronta una enorme responsabilidad cuando, en el ejercicio de sus funciones -que en la mayoría de los casos es de supervisión de expedientes urbanísticos previa a la concesión de licencias- se convierte en una especie de fiscal o juez instructor que eleva sus conclusiones al órgano de gobierno encargado de expedirlas. Hoy día asistimos a una profusión verdaderamente asfixiante de reglas, leyes y normas de incidencia territorial con que la administración pretende ejercer una función tutelar del urbanismo que apenas disimula su verdadera intención de consolidar los corralitos competenciales en los que el poder se diezma en su propia esterilidad. Hoy en una licencia de edificación, por ejemplo, no es raro que coincidan las competencias de Urbanismo, Medio Ambiente, Cultura y Turismo con toda su retahíla de preceptos sectoriales con frecuencia contradictorios entre sí. Existe un urbanismo real y un urbanismo de papel y, aunque parafraseando a un personaje de Hamlet, hay más cosas en el cielo y en la tierra de la realidad urbana de las que caben en el corsé de una norma, a la práctica del Arquitecto Municipal no se la admite siquiera la existencia de una especie de derecho consuetudinario, es decir, tener un juicio avalado por la razón y la lógica interpretativa de esa misma norma, porque el ejercicio ruin y mostrenco de la política ha dado lugar a que se judicialice ésta hasta unos extremos en los que no es posible tener un criterio mínimamente imaginativo en la aplicación de la normativa, salvo riesgo de caer en la ilegalidad y el anatema. De ahí los resultados que aludíamos de Internet. Con mucha frecuencia la Norma entrará en contradicción con la Razón, pero será la Norma la que impere por más que la aplicación rigurosa de ésta perjudique flagrantemente al ciudadano. No hay salida para el criterio prudente ni misericordia para quien lo aplique, pues ningún fiscal ni ningún juez está dispuesto a que una argumentación razonable le perturbe el cómodo tópico de la financiación ilegal de los municipios vía corrupción urbanística, como decía hace un momento, y en esa práctica los alcaldes no encuentran mejores compañeros de viaje que sus arquitectos. 
Con todo esto quiero decir que me parece que no corren buenos tiempos para los Arquitectos Municipales, que están siendo víctimas, junto con otros cuerpos de la Función Pública, del irrefrenable proceso de burocratización del Estado. Digo víctimas, y no causantes, que es lo primero que se nos podía ocurrir a cualquier ciudadano que ha tenido que habérselas con un arquitecto municipal. No sé muy bien cómo les afecta el Decreto de nuestra Comunidad Autónoma sobre la reestructuración de la Función Pública con esa filosofía de ‘empresarización’ por la que gradualmente irían transfiriéndose sus menesteres a unas Agencias Públicas de las que nadie parece fiarse. Aún peor, en algunos Ayuntamientos importantes, como el de Madrid o corporaciones profesionales como su propio Colegio de Arquitectos, se está cuestionando la procedencia del informe técnico que históricamente se había vinculado al arquitecto municipal y que ahora podría estar suscrito u “orientado”, por ejemplo, por una Entidad Privada Certificante o por el propio Colegio de Arquitectos. Subyace en todo esto una falacia de fondo: la aceptación, como algo ineluctable, de la ineficacia de la Función Pública frente a la intrínseca eficacia de la función privada: el desprestigio intrínseco de lo público frente a la natural capacidad de lo privado. Es la crónica recurrente de una claudicación, de una claudicación de la política, incapaz de hacer frente a una forma perversa de entender el funcionariado, como un estamento privilegiado y parasitario, que debería ser drásticamente desmentida por quienes más deberían defender su condición de servicio público, esto es, los propios funcionarios y los sindicatos. Pero esto es algo de lo que no es correcto hablar. Es la claudicación de los Ayuntamientos que, no fiándose de sus servicios técnicos, externalizan sus funciones hacia otros organismos, en aras de la eficacia ‘empresarial’, creando nuevos monstruos como, por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo de Málaga, incapaz de resistir la menor auditoría de gestión, por ejemplo, ni de admitir siquiera que se hable de ella.
Pero no mezclemos precipitadamente unos arquitectos con otros. Una cosa es ser arquitecto de un pueblo y otra formar parte del nutrido equipo técnico de una gran Corporación, como el Ayuntamiento de Málaga. Como decía Paco Carreras, yo he estado en los dos lados de la mesa y, desde esa circunstancia sólo me atrevo a objetivar, en la medida de mis capacidades, lo que ha sido una experiencia personal. Y la mejor manera de hacerlo es poniéndoles algunos ejemplos. 
El primero, un ayuntamiento de un pueblo de la Costa del Sol. Tuve ocasión de tramitar un Proyecto Básico precedido de un Estudio de Detalle, que suele ser esa figura estúpida y redundante con la que le sacamos el dinero a los clientes -si es que lo pagan- para poder legitimar, mediante una breve información pública, el criterio que desde la instancia administrativa no se quiere o no se sabe tener sobre una alineación o una ordenación de volúmenes. A los dos meses de presentados simultáneamente ambos expedientes me di una vuelta por el Ayuntamiento a ver si los habían subido del registro de entrada a la Oficina Técnica. Para mi sorpresa, la información pública del Estudio de Detalle había concluido y el Proyecto tenía ya licencia, mostrándose muy sorprendido el arquitecto municipal de que no hubiéramos ido a pagar los derechos de la misma. El sorprendido, evidentemente, era yo, y cuando elogié a mi compañero su diligencia me respondió con una lógica aplastante: él era el único arquitecto del municipio y sólo tenía la compañía de un aparejador, por consiguiente no podía permitirse el lujo de “trasladarle el muerto” a otro porque, aparte de que no existía ese otro, si hubiera hecho lo contrario los expedientes se le acumularían en la mesa. La eficacia, por tanto, se debía a que era un municipio de menos de 50.000 habitantes y nuestro compañero estaba solo, pero eso no le evitaba que el informe de concesión de licencia fuera de una extraordinaria pulcritud técnica y jurídica.
El otro caso es el Ayuntamiento de Málaga. Al principio de su andadura, la Gerencia Municipal de Urbanismo tenía poco menos de 100 funcionarios, aunque la actividad urbanística fuera muy superior a la actual (hoy creo que tiene más de 400). El Consejo de Gerencia estaba constituido por cuatro personas -tres de ellas concejales, incluyendo el de Urbanismo- más el Delegado de Obras Públicas. El Gerente y los Jefes de Servicio acudían con voz pero sin voto. Excuso decir que la asistencia al Consejo era gratis et amore y los informes de licencia eran breves, sucintos, fundamentados urbanísticamente y en derecho, bajo la estricta vigilancia del secretario Rafael Íñiguez. Cuando abandoné la Gerencia, y en aras de la sacrosanta participación pública, el Consejo de Gerencia se abrió a las Asociaciones de Vecinos, Asociación de Promotores, no recuerdo si también a las peñas cofradías y sociedades de excursionistas, pero, desde luego, se incrementó con uno o dos concejales por partido político, convirtiendo aquel ágil y exiguo órgano en un microcosmos de la ciudad y en una transposición del Pleno. Por supuesto no faltaba nadie porque daban dietas. Los informes urbanísticos de los arquitectos y demás técnicos municipales seguían teniendo el mismo rigor que antes, con esas dosis de ilusión y criterio de quienes sabían que estaban inaugurando una suerte de jurisprudencia en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, que se había aprobado en el 1983. El problema es que, sin dudar de la honestidad de los concejales y demás representantes de la sociedad civil, resultaba inevitable que en algunos casos su presencia fuera el tentáculo terminal del interés privado de algún conocido o, simplemente, un escenario periférico, una especie de sucursal de la Casona del Parque en la que volver a reproducir los rifirrafes del pleno: un órgano de debate en vez de un órgano resolutivo como correspondería a todo consejo de administración de un organismo cuyo objetivo fundacional, sarcásticamente, era “conferirle agilidad empresarial a la práctica del urbanismo”. Lo cierto es que esos impecables informes eran con frecuencia contestados por algún político sin la menor competencia técnica para hacerlo y, algunos puntos del orden del día más adelante, otro político le devolvía la pelota cargándose el informe referente a otro asunto. La consecuencia fue que el funcionario arquitecto, hasta ese momento motivado por la solvencia de sus propios razonamientos y amparado por el aval del Gerente, decidió que a partir de ese momento sus informes se harían con estricta sujeción a la letra impresa, y cuanto más pequeña mejor, con lo cual, esa amplia, dinámica y rica jurisprudencia que se iba creando poco a poco, enriqueciendo la normativa con el criterio consuetudinario se cerró de repente, y a partir de ese momento, los expedientes empezaron a retrasarse y a prohibirse de manera que cada prohibición encontraba su precedente en la existencia de otra anterior. En vez de abrir creativamente la gestión de lo público se iba cerrando en unos laberintos sin salida. 
He aquí, pues, dos casos radicalmente distintos de actuación de un arquitecto municipal que dependen de circunstancias ajenas a su propia formación, como es la escala y la estructura de la corporación a la que sirven. Pero en ambos ejemplos creo que queda de manifiesto el tipo de presión bajo la cual el arquitecto municipal ejerce sus funciones. En el primer caso estamos ante el arquitecto presionado por la multiplicidad y diversidad de sus cometidos que le obliga, además, a estar alerta ante cualquier error por la judicialización que hoy afecta a la esfera política municipal. En el segundo caso podemos estar ante un arquitecto al que la agobiante fiscalización de su quehacer le lleve a refugiarse en la letra pequeña de la normativa, digamos, “en legítima defensa”, anulando en él cualquier estímulo de estar ejerciendo lo que podríamos llamar una pedagogía ciudadana de “fedatario prudente de la Ley”, como decía al principio, de forma que el ejercicio de su función pública queda reducido al descomprometido papel del burócrata. Ése es el momento en el que se produce instintivamente un mecanismo de defensa que podríamos llamar el “síndrome del funcionario redentorista”, que conozco bien por haberlo experimentado en mis propia actividad de Gerente/Arquitecto. Constreñido en su papel de estricto aplicador de la normativa, desautorizado en su pretensión de aplicarla mediante el enriquecimiento de un criterio razonado en términos de cultura urbana pero, al mismo tiempo, con la conciencia de estar pagado por el dinero público, el arquitecto siente que no está cumpliendo éticamente su función si no es mediante una rigurosa fiscalización de los expedientes, como si el hecho de aprobarlos fuera un acto reprobable de lenidad administrativa. De esta manera su misión disciplinar, que podía ser profundamente creativa en la orientación de la actividad privada, en el efecto ejemplificador de sus trabajos públicos y en la dimensión didáctica y formativa de la aplicación razonable de la legalidad, acababa siendo reducida a la de una chirriante pieza más de la maquinaria burocrática, una piedra en el engranaje.
Concluyo aquí: el haber estado en la Administración Pública me ha permitido identificarme con los arquitectos municipales, los arquitectos técnicos y los aparejadores, con sus problemas y sus condicionantes. Cuando me he pasado “al otro lado de la mesa” no siempre recordé cuáles eran esos problemas y no siempre fui justo en mis juicios. Ya he dicho que no me interesaba hablar aquí de las prácticas espurias de la Función Pública, porque indecentes los hay en todas partes. Pero puedo decir, con pleno conocimiento de causa, que un buen arquitecto municipal es una figura clave en el estado de un municipio. Podemos referirnos a un montón de pueblos de este país en los que se ve detrás el impulso de un buen alcalde y, casi siempre, detrás de un buen alcalde está la sintonía con un buen arquitecto. Son colegas con una preparación profesional mucho más completa que la mayoría de los que nos dedicamos a la actividad privada porque tienen que saber de todo y además, como quien dice, ‘en tiempo real’. 
No suele haber arquitectos municipales-estrella, pero la excelencia urbana de un lugar se debe más a su gestión honrada y eficaz de lo cotidiano que al sarpullido repentino de un edificio de esos que los cursis llaman “emblemático”. Y cuando hacen bien su trabajo, añaden a su eficacia la grandeza moral de quien sabe estar ejerciendo un servicio público desde esa sensata, modesta y admirable actitud que es la discreción, en estos tiempos en que la profesión se ve aquejada con frecuencia de una verdadera neurosis de notoriedad mediática.
Convendría que, con independencia de quien nos toque en suerte, no olvidáramos esto cuando hayamos de tratar con ellos."

sábado, 21 de enero de 2017

[487] DISCREPAR NO ES INCUMPLIR. POR LA INDEPENDENCIA DE LAS COMISIONES DEONTOLÓGICAS EN LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS

Por su interés general, os remitimos informe elaborado por los Servicios Jurídicos del CSCAE, el cual, entre otras cuestiones analiza las exigencias legales que deben darse para la adopción de medidas provisionales en procedimientos deontológicos y administrativos en el seno de las Instituciones Colegiales.
Sobre el régimen jurídico de la adopción de tales medidas provisionales, y en el ámbito de los expedientes sancionadores, resulta aplicable lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común en el caso de la suspensión de personas en el desempeño de sus cargos. Dichas medidas provisionales sólo podrán ser acordadas por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, que suelen ser estatutariamente las Comisiones de Deontología, dentro de su independencia, en relación con los órganos de Gobierno.
Por el principio de jerarquía normativa y disposición derogatoria de dicha Ley, lo anterior tiene preponderancia sobre lo que dicten al respecto los Estatutos Particulares de los Colegios o Consejos de Colegios. Aquí subyace una primera cuestión de conflicto entre Comisiones de Deontología y Juntas de Gobierno o Plenos de Consejeros, pues pudiera darse el caso de que el órgano que pretenda adoptar las medidas cautelares no sea el legalmente competente para ello, si no es el que tiene la facultad para iniciar el procedimiento sancionador.
Las medidas han de estar plenamente motivadas, y casos que pudieran llevar la separación de personas del ejercicio de sus cargos, habrían de basarse en situaciones plenamente justificadas y de extraordinaria gravedad probadas y evidentes, que afecten al funcionamiento de la estructura colegial. Han de aplicarse los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, todo lo cual requiere un análisis previo. La traslación de la presunción de inocencia cobra sentido cuando la Administración actuante fundamenta su resolución en una presunción de culpabilidad, carente de elemento probatorio o inadmitiendo prueba divergente.
Las fricciones o diferencias entre los criterios políticos y judiciales no son novedad a estas alturas. Lo cual se evidencia en ocasiones entre los Órganos de Gobierno (órganos ejecutivos) y sus Comisiones de Deontología (órganos judiciales), que sufren la presión mediática, como cualquier juez instructor enmarañado en algún caso de relevancia. ”La independencia es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes”, decía Nietzsche. Pero nosotros estamos en un Estado de Derecho y la independencia ha de ser propia no de minorías, sino de todos.
No puede ser admitido en caso alguno que dichas diferencias políticas lleven a la pretensión de apartar a los discrepantes de las líneas erigidas, de tal forma que, en caso de ser miembros de Comisiones de Deontología, su apartación provisional facilite determinada tendencia en la conclusión de los expedientes. Ello supondría cercenar o amputar los Órganos Deontológicos, e incluso constituiría una obstrucción a la justicia que se espera dimane de los mismos con total autonomía.
Recordemos que la prevaricación administrativa es un concepto de especial relevancia por su trascendencia, cuya definición surge del Código Penal en el art. 404; se reconoce prevaricación omisiva si existe búsqueda de inclinar la balanza en un sentido predeterminado, a sabiendas de ello en casos en los que, atribuida la función de garante en un administración o corporación de derecho público, es su acción la que permite, facilita o favorece que se produzca la prevaricación administrativa.
En este sentido son loables algunos modos de renovación interna tales como la reciente de la Comisión de Deontología y Recursos del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos Andaluces, y otros, ensombrecidos por elevado número de instrucciones abiertas sobre rivales democráticos reconocibles, en lo que pudieran ser afanes anticuados de impedir voces discrepantes, que dificultan el natural funcionamiento de las Comisiones que instruyen las mismas, por resultar o prever un sentido no siempre bien acogido.
En estos casos de gravedad, si existe indefensión, queda siempre la petición de amparo o cobijo de los afectados al Consejo Superior de Arquitectos de España, o a las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas, lo cual lleva a reflexionar sobre la situación de conflictos constantes en las que los miembros de algunas Comisiones de Deontología sufren en nuestras instituciones, así como otras voces discrepantes.
Junta de Gobierno del COA Huelva

viernes, 20 de enero de 2017

[486] COMPETENCIA INTENSIFICA SU ESFUERZO EN LA PERSECUCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia inicia una campaña para solicitar la colaboración de los órganos de la Administración Pública que realiza los contratos. La contratación pública alcanza el 15% del PIB de España. Se ha estimado que la falta de competencia en las licitaciones públicas impone sobrecostes de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y Competencia) ha intensificado su esfuerzo en la mejora de los procedimientos de contratación y la persecución de las irregularidades en los concursos públicos. Para ello ha iniciado una campaña para solicitar la colaboración de los órganos de la Administración Pública que son los encargados de realizar los contratos. Desde hace varios meses realiza charlas formativas en diferentes departamentos y ahora pone a disposición una herramienta, un check list, que facilita el proceso de detección de irregularidades y permite detectar en diez sencillos pasos si el procedimiento puede plantear indicios de concertación.
La contratación pública supera el 15% del PIB de España. Se ha estimado que la falta de competencia en las licitaciones públicas impone sobrecostes de aproximadamente 48.000 millones de euros anuales. Por esta razón, ha redoblado los trabajos en la detección de indicios de cualquier tipo de comportamiento anticompetitivo de las empresas oferentes en los concursos.
Al mismo tiempo, para solucionar esta falta de competencia y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos propiedad de todos los ciudadanos, la CNMC viene insistiendo en la necesidad de mejorar el diseño de los concursos que realizan las distintas administraciones. El objetivo es que las cláusulas en los pliegos de contratación sean respetuosas con los principios de la regulación económica eficiente no incluyan restricciones injustificadas a un aprovisionamiento competitivo.
El diseño es importante. La supervisión también. La CNMC ha detectado y sancionado manipulaciones de licitaciones públicas y privadas en todos los sectores de la economía en los últimos años. A la vista de las conductas ilícitas detectadas, se ha decidido intensificar la persecución de las concertaciones que se pueden realizar por algunas empresas para no competir en las licitaciones públicas. Estos acuerdos constituyen infracciones de la legislación de competencia y como tales se encuentran castigados.
Sin embargo, el carácter secreto de este tipo de acuerdos ilícitos para no competir en las licitaciones con la Administración hace imprescindible la colaboración de los Órganos de Contratación y requiere que éstos puedan informar a la CNMC cuando detecten alguna conducta sospechosa en sus concursos.
Además, con el fin de facilitar el conocimiento de los elementos que han de considerar las administraciones contratantes para detectar indicios de manipulación de un concurso, la CNMC pone a su disposición en su web una lista de elementos a considerar a la hora de valorar la existencia de posibles acuerdos anticompetitivos entre las empresas que participan en el concurso. Por ejemplo, la existencia de un reducido número de licitadores, incoherencias en las ofertas, similitudes injustificadas y otros patrones de comportamiento sospechoso.
La CNMC anima a todos aquellos que participen en órganos de contratación que tengan indicios de este tipo de conductas o que quieran tener más información acerca de estos elementos que facilitan su detección a que se pongan en contacto con la Autoridad de Defensa de la Competencia a través del buzón de colaboración ciudadana (buzoncolaboracion@cnmc.es) o bien por vía telefónica (+34 917 931 600).
La CNMC investigará todos los indicios de manera confidencial para confirmar la posible manipulación de la licitación. Asimismo, se puede aportar de forma anónima cualquier tipo de indicio a través del formulario habilitado para ello en la sede electrónica de la página web de la CNMC y del código QR que figura en el folleto.
La colaboración del personal de los órganos de contratación con la CNMC en esta materia es fundamental para impulsar la detección de este tipo de infracciones de competencia que son tan dañinas para la competencia y los consumidores, incrementando injustificadamente el coste de provisión de bienes y servicios públicos.
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martes, 17 de enero de 2017

[485] 5 CONSEJOS PARA UN ARQUITECTO

1. Ten tu propio estilo
Esto es básico en la vida de un Arquitecto, si realmente quieres dejar huella y plasmar tus propias ideas entonces deberás buscar tu propia identidad, esto no es un trabajo fácil ni algo que se consigue de la noche a la mañana. Muchos Arquitectos ya con muchos años de experiencia profesional comentan que es algo bastante complicado de lograr y que en base al trabajo y la experiencia van creándose un estilo propio que al final los distingue de los demás. En este caso nuestro primer consejo es ese, que se vayan creando de una identidad tanto de representación Arquitectónica en los planos, como conceptualmente en cuanto al diseño y manejo de los espacios, esto sin duda les abrirá las puertas y los hará acreedores a que los clientes los puedan contratar en base a su estilo.
2. Actualízate
Esto es básico, como en cualquier profesión la actualización es fundamental para estar al día en nuestra vida profesional, sin embargo en el mundo de la Arquitectura cada día van surgiendo nuevas ideas, nuevos materiales, nuevas formas de concebir el diseño y es por ello que el Arquitecto debe estar las 24 horas del día receptivo y abierto a cualquier nuevo conocimiento. Si tienes la posibilidad de estudiar diplomados o maestrías no lo dudes y hazlo, cualquier curso o novedad que signifique una actualización de tus conocimientos te hará un Arquitecto mucho más completo y preparado para afrontar todo tipo de retos.
3. No vendas planos, vende conceptos y sueños
Esto puede sonar un tanto romántico, pero al final es la verdad. Un Arquitecto lo que vende es un concepto plasmado a su vez en los planos técnicos, la mayoría de las ocasiones la escasez de empleo ha convertido a los Arquitectos es dibujantes nada más, olvidándose por completo del romanticismo que significa vender una idea o un concepto, no pierdas esa ilusión y esa chispa y contagiala a tus clientes haciéndoles ver que tu estás vendiéndoles una idea y un sueño.
4. Comparte el conocimiento
En muchas profesiones existe el egoísmo entre colegas, que no sea este tu caso y trata de compartir el conocimiento con los más jóvenes, la carrera de Arquitectura es bastante larga y nunca sabes cuando puedes encontrarte con aquellos jóvenes con quienes compartiste tu conocimiento, busca hacerte de amistad entre colegas y evita los malos rollos.
5. Sé crítico y objetivo
Nunca pierdas tu capacidad de crítica y también de aceptarla, porque en muchas ocasiones somos buenos para criticar el trabajo de otros pero nos molestamos cuando alguien critica el nuestro, debemos ser objetivos y siempre realizar críticas constructivas, la crítica destructiva es algo que no abona a nadie y no ayuda a que la Arquitectura en nuestro Mundo mejore, trabaja siempre pensando en que la perfección dentro de la Arquitectura no existe y siempre habrá algo por mejorar.
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jueves, 22 de diciembre de 2016

[484] GUÍA PARA QUE CONSEJOS Y COLEGIOS PROFESIONALES CUMPLAN CON LA TRANSPARENCIA

Traemos aquí la Guía de de Transparencia y acceso a la información pública, dirigida a los colegios y consejos de colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público, que está disponible para todos los profesionales.
La elaboración de esta Guía tiene el objetivo de aclarar el alcance de la aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a las corporaciones de Derecho Público, facilitando así un mejor cumplimiento de la norma por dichas organizaciones
Transparencia significa confianza, no sólo para las Administraciones públicas sino también para todos los profesionales en el ejercicio de su trabajo. Las empresas, el mundo laboral, las corporaciones y todos los ciudadanos en general, cada vez muestran mayor disposición a colaborar en la rendición de cuentas y, en el ámbito profesional, junto al talento, la transparencia será quien mida y determine la calidad.
Este es un paso importante de muchos profesionales, asumiendo un mayor compromiso con la rendición de cuentas y mostrando su total disposición a impulsar y avanzar en la transparencia dentro de los colegios y consejos generales y superiores.
La Guía trata de plasmar, en un documento de acceso público, la información más relevante y detallada que se entiende necesaria para impulsar el desarrollo de una cultura de transparencia en el ámbito de las profesiones, y, especialmente, garantizar la adecuación de los colegios y consejos de colegios profesionales y otras corporaciones de derecho público al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la propia Ley de transparencia.
La Guía se presenta en formato digital, con navegador y enlaces internos, y está compuesta por 25 páginas que recogen las obligaciones a las que están sujetas las corporaciones de derecho público en el marco de la transparencia.
Incluye, además, una parte práctica compuesta tanto por un cuadro resumen de la guía como por las ’10 preguntas sobre transparencia que toda corporación de derecho público debería saber responder’ 

miércoles, 21 de diciembre de 2016

[483] FELIZ NAVIDAD. QUE NADA NI NADIE NOS QUITEN NUESTRAS DIFERENCIAS NI NUESTRA CAPACIDAD DE SUPERARLAS

Desde blogdelaunion os queremos desear una feliz Navidad a todos los iguales y a todos los diferentes.

miércoles, 14 de diciembre de 2016

[482] LA NECESARIA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

Durante la pasada legislatura estuvo circulando por el Departamento de Economía y Hacienda un borrador de un Proyecto de Ley sobre la regulación de los servicios profesionales que tiraba por tierra el magnífico trabajo que han venido haciendo desde hace muchos años los colegios profesionales. Y ello, basado en una aparente normativa Europea que luego parece que todo el mundo negaba. Se trataba de un texto que nadie había reclamado, - lo que ya es sumamente grave y echaba por tierra el proyecto- y que no solamente no se consideraba necesaria, sino que, muy al contrario, suponía un tremendo paso atrás en los avances que se habían realizado por los colegios profesionales en la implantación e implementación de unos estándares de calidad en los servicios profesionales que se le dan a los ciudadanos de nuestro país cuando estos demandan un servicio personal de una actividad concreta.
Se alegaba por los defensores del texto, a los que, por cierto, nadie conocía, que la desregulación de las profesiones estaba imperando en Europa y no se podía encorsetar a quienes quieren realizar una profesión, no debiendo obligarse en muchos casos a la colegiación obligatoria en algunos casos, en otros supuestos haciendo desaparecer la figura del procurador, algo que suponía una quiebra de una institución esencial y fundamental como necesaria en la Administración de Justicia, y en otros reduciendo la implantación de las sedes geográficas de los colegios profesionales. Es decir, un proyecto destinado a cargarse el buen funcionamiento de los servicios profesionales. Y ello, con un clarísimo perjuicio a los ciudadanos que necesitan en algún momento de la actividad de un abogado, procurador, economista, administrador de fincas, arquitecto o aparejador, ingeniero y todas y cada una de las profesiones que no tenemos espacio para citar y que se ejercen hoy en día con un altísimo nivel de calidad, propiciado, precisamente, por el empeño y el esfuerzo de los colegios profesionales en suministrar de actividades formativas a sus colegiados, de exigirles el máximo cuidado en el desempeño de su actividad mediante un control exhaustivo del respeto a los códigos de la deontología profesional, y un comité disciplinario que controle las infracciones, así como de una póliza de seguro colectivo que en el caso de que un colegiado haya cometido alguna irregularidad, que siempre puede haberlo, el ciudadano que haya sido víctima de ella pueda cobrar por los daños y perjuicios que haya podido padecer por esa actuación.
Pues bien, todas estas medidas protectoras que cumplen a la perfección hoy en día los colegios profesionales desaparecerían de haber prosperado ese proyecto de Ley de Servicios profesionales que, finalmente, fue introducido en un cajón a dormir un largo sueño para el bien, no solo de los profesionales, sino de todos los ciudadanos que estaban en situación de riesgo en el caso de haber salido adelante un texto que permitía ejercer una actividad profesional sin el control de nadie y sin haber acreditado formación alguna, así como sin exigirse garantías como las que sí cumplen los colegios profesionales. Y ello, sin que el Estado asumiera en modo alguno esa función de control en la calidad de las profesiones que sí que ejercen los colegios profesionales. Realmente curioso, porque mientras que en el Código Penal se había introducido el art. 31 bis para exigir a las empresas que introduzcan programas de prevención jurídica para que se cumpla y respete el derecho y se eviten daños a los ciudadanos por si alguien se amparaba en el marco de una empresa para perjudicar a terceros, resultaba que se quería suprimir ese mismo control de prevención que ejercen los colegios profesionales para con los que quieren “acreditarse” en ellos mediante la colegiación obligatoria. Es decir, un auténtico disparate, y lo que es peor, un contrasentido en esa política de trasladar a los colectivos el autocontrol para evitar que los ciudadanos se perjudiquen.
En consecuencia, por lo que debe apostarse en esta legislatura es por todo lo contrario, es decir, por exigir la colegiación obligatoria en profesiones que no la tienen todavía, como es la Administración de fincas, y otras donde no hay auténtica regulación, y por reforzar, no disminuir, a los colegios profesionales como los antes citados (abogados, procuradores, economistas, etc), con un marco legal que regule y determine con claridad quién puede desempeñar una determinada actividad y quién no. Que fije con claridad las actividades profesionales y regule los requisitos que deben seguir los ciudadanos que quieran dedicarse a una actividad profesional concreta, porque para eso nuestros jóvenes estudian en nuestras Universidades, o desarrollan cursos de formación profesional: para acreditarse mediante la titulación oportuna y estar en condiciones de prestar un mejor servicio profesional. Y quien piense lo contrario está atentando contra la calidad del servicio público de las profesiones, contra el espíritu formador y de calidad de enseñanza de nuestras Universidades y cursos de formación profesional, y, lo que es peor, contra el ciudadano que quiere recibir un servicio de calidad, y no lo que se pretendía en ese texto que hay que cambiarlo ya por otro que apueste por lo antes referido y por la verdadera regulación de las profesiones.
D. Vicente Magro Servet Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho.
(Artículo publicado en el Diario Información de Alicante en diciembre de 2016)