lunes, 25 de enero de 2010

[030] EL ARQUITECTO MUNICIPAL EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Comunicación presentada al IV Congreso de Arquitectos de España. Valencia 2009

El pasado día 1 de enero de 2008, España alcanzó la cifra de 46 millones de habitantes, y de sus 8.112 municipios, un total de 8.017, es decir casi un 99%, tenían censados menos de 50.000 habitantes y en solo 95 se superaba esa cantidad. El 50% de toda la población de España se ubica en municipios de menos de 50.000 habitantes y sin embargo entre todos esos municipios se abarca prácticamente el 99% del territorio nacional (1).
Los datos anteriores tienen una gran importancia para entender como se está gestionando actualmente en nuestro país la ordenación urbanística del suelo, donde todos los municipios asumen un gran protagonismo amparados por las distintas legislaciones autonómicas que son a la postre, las competentes en esa materia.
Son precisamente en los municipios de menos de 50.000 habitantes donde aparece la figura del Arquitecto Municipal. Este arquitecto puede en un mismo día, informar de la existencia de una vía pecuaria en un plan parcial, recibir a un ciudadano al que su vecino le ha abierto una ventana hacia su patio, informar un expediente de ruina y reunirse con el Sr. Alcalde y con una empresa multinacional que va a invertir en el Municipio más de 24 millones de euros. En municipios mayores, ya no se debería hablar de Arquitecto Municipal, sino de muchos arquitectos trabajando en una Organización llamada Ayuntamiento.
Es constatable que la figura del Arquitecto Municipal no tiene tanta tradición en las Administraciones Locales como los Cuerpos de Secretarios e Interventores. No hace falta retrotraerse mucho en el tiempo o en la geografía de España para encontrarnos en muchos Ayuntamientos con el tradicional “Maestro de la Villa” o con el mal denominado “Perito” de turno. Un siguiente paso en ciertos Municipios, que podría ser el de la contratación de un Arquitecto, se omite en más ocasiones de las deseadas o incluso se sustituye, para ir directamente a lo que desafortunadamente se está empezando a denominar “Asesor Urbanístico”.
Con frecuencia aparecen en el urbanismo municipal, intereses particulares o partidistas claramente desaconsejables para la consecución del interés público que se presupone en la Ley. El urbanismo, si bien es la principal forma de financiación de muchos Ayuntamientos, la mayoría de las veces, no cuenta con los medios “asépticos” necesarios para alcanzar sus objetivos.
Sólo nos enteramos por la prensa de los escándalos urbanísticos más groseros y llamativos, pero hay muchos más. No todos los municipios de España son costeros y turísticos, o se encuentran en la corona metropolitana de una gran urbe.
Entonces, ¿Dónde está el problema? Está claro. Las Administraciones Locales asumen cada vez más competencias, sin que ello vaya acompañado de un mayor aumento de medios, con la consiguiente “mediocretización” de los recursos técnicos y humanos de los Ayuntamientos, sobre todo en los de menos de 50.000 habitantes. En este caldo de cultivo aparecen cada cierto tiempo “próceres hiperactivos” que, con claro desconocimiento del binomio recurso/objetivo, vienen a querer hacer en un año lo que tendrían que desarrollar en cuatro y es ahí donde el Arquitecto Municipal “fedatario prudente de la Ley”, es una especie molesta, mal vista y que si se extinguiera, pues no pasaría nada.
Hasta ahora no era tan fácil hacer desaparecer al Arquitecto Municipal. La Legislación exigía y sigue exigiendo que en muchos expedientes administrativos aparezcan informes técnicos, pero últimamente se están articulando corrientes de opinión de tanto peso específico como las que surgen desde el Ayuntamiento de Madrid o el propio Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en los que se esta cuestionando la procedencia del informe técnico que históricamente se había vinculado al Arquitecto Municipal y que ahora podría estar suscrito u “orientado” por ejemplo, por una Entidad Privada Certificante o por un Colegio de Arquitectos.
A los que llevamos ya algunos años trabajando en la Administración, no nos vale por ejemplo, el argumento esgrimido por el Ayuntamiento de Madrid de referirse a esos nuevos “informes técnicos paralelos” como “una ayuda o asesoramiento sin trascendencia jurídica” (2) o al propio COAM cuando se refiere a estos informes como complemento y no como sustitución de los informes del técnico municipal (3). Muy al contrario, nos inquietamos aún más. Ya me estoy imaginando a responsables políticos desairados preguntando al Arquitecto Municipal de turno, “¿Que problema hay, es que tu sabes más que todos los técnicos del Organismo que ha redactado este informe?”.
No debemos olvidar algo fundamental y es que el concepto de Arquitecto Municipal, aunque parezca sorprendente, no aparece recogido explícitamente en ninguna Legislación Estatal o Autonómica, y tan sólo se encuentra en las Relaciones de Puestos de Trabajo y Organigramas Municipales, pero que como hoy están, mañana pueden desaparecer. La Ley habla de la exigencia de un informe técnico, pero no, de qué técnico deba realizarlo. Esto no es ciencia ficción, y si no, que se lo pregunten a los arquitectos municipales de la Comunidad de Madrid o a la gran cantidad de licencias de obras otorgadas históricamente en toda España con informes técnicos que no son suscritos por arquitectos.
Quiero recalcar al final de este breve comunicado, que no se entra aquí a valorar el beneficio o perjuicio del proceso que el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos de Madrid están iniciando. El tiempo dará o quitará la razón a quien corresponda. Pero lo que sí me parece conveniente dejar claro en este escrito, es que “la caja de los truenos” ya se ha abierto y que, o el Colectivo de Arquitectos desde su Consejo Superior toma la iniciativa, o en pocos años nos encontraremos con empresas privadas y con colegios profesionales distintos a los de arquitectos ofreciendo los servicios de informes técnicos a “próceres hiperactivos” para su inclusión en “ciertos” expedientes administrativos.
Rafael González Millán
Presidente de la UAAAP
1 Instituto Nacional de Estadistica. Avance explotación a 1 de enero de 2008
2 Cobo, M, Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid .El Mundo. Lunes 26 de mayo de 2008 pág. 9
3 Oficina de Informes de Licencias del COAM. Encuentro Arquitectura y Justicia 11 de junio de 2008

1 comentario:

Anónimo dijo...

Los Colegios deben plantearse seriamente esa "defensa de la profesión" que figura entre sus fines. Parece que sólo figurara "defensa de la profesión en el ejercicio libre". Históricamente se han olvidado de todas las demás facetas en las que puede desarrollarse la profesión, es más, lejos de intentar ayudar o entender al profesional que sólo procura vigilar el cumplimiento de una normativa con la que muchas veces ni él está de acuerdo, la ha combatido hablando de comportamientos "arbitrarios" prejuzgando y proclamando sin más un comportamiento delictivo a todo un colectivo. Así, impunemente y sin atisbo de vergüenza. El arquitecto municipal, ese enemigo que osa poner pegas por capricho a ese gran profesional que redacta los proyectos y que nunca se equivoca porque está al tanto de toda las normativas urbanísticas de todos los municipios de España y del mundo. Los Colegios se olvidan que también son arquitectos (apliquen el beneficio de la duda)…, o no, a veces son geógrafos, o aparejadores sin formación urbanística.... pero eso es lo de menos. Ya hemos dicho "defensa de la profesión....libre". Los municipales no tienen que ser defendidos ni siquiera para exigir su competencia en la estructura municipal, ya tienen suficientes prebendas, como todo el mundo sabe el binomio está claro “licencias y corrupción urbanística”.

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